Gibraltar estudia aplicar la castración química a agresores sexuales condenados

El Gobierno de Gibraltar está estudiando endurecer su legislación contra los delitos sexuales más graves y una de las medidas sobre la mesa es la posible aplicación de la castración química a condenados por violación y abusos sexuales a menores.

Así lo ha confirmado el ministro de Justicia, Nigel Feetham, quien ha explicado que la propuesta podría incluirse dentro de la futura reforma del Sexual Offences Bill, la ley con la que el Ejecutivo quiere reforzar las penas y controles sobre delincuentes sexuales.

Eso sí, Feetham ha dejado claro que todavía no hay ninguna decisión tomada. El Gobierno está analizando las posibles implicaciones legales y de derechos humanos antes de seguir adelante con una medida tan controvertida.

Londres debe dar el visto bueno: el Royal Assent

De hecho, el ministro ya ha trasladado una consulta al Gobierno del Reino Unido para saber si una reforma de este tipo podría generar problemas constitucionales. En Gibraltar, cualquier nueva ley necesita recibir el visto bueno británico -el conocido Royal Assent- antes de entrar en vigor.

El debate llega después de que se rechazara la petición de libertad por motivos humanitarios de un delincuente sexual condenado. Según informó GBC, el caso estaría relacionado con Charles Montegriffo, de 90 años.

Tras conocerse aquella condena, Feetham ya dejó clara su postura con unas declaraciones que ahora vuelven a cobrar protagonismo: “La compasión debe ser para las víctimas, no para los autores de delitos sexuales graves”.

La nueva medida también contempla endurecer las penas de cárcel

Además de esta posible medida, el Ejecutivo gibraltareño prepara otros cambios legales para endurecer el cumplimiento de las penas. Entre ellos, que los condenados por delitos sexuales con penas superiores a un año tengan que cumplir al menos tres cuartas partes de su condena antes de acceder a la libertad condicional.

El Gobierno también quiere limitar el uso de las llamadas 'cautions', una especie de advertencias formales que en algunos casos evitan llegar a juicio, con la intención de aumentar el control y la transparencia en este tipo de procedimientos.

Con todo ello, Gibraltar busca lanzar un mensaje claro: endurecer la respuesta frente a los delitos sexuales más graves sin salirse del marco legal y constitucional vigente.

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