Bruselas
Los comisarios comunitarios estudian las consecuencias a nivel europeo tras la modificación del delito de malversación.
La Comisión Europea está "analizando" las consecuencias de las reformas introducidas en el Código Penal en España para evaluar si los cambios referentes al delito de malversación vulneran la protección de los fondos europeos.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha explicado que se están estudiando con detenimiento estas "nuevas disposiciones" para ratificar "la conformidad de la reforma con la legislación de la UE", en especial en lo que concierne a los intereses financieros de la UE.
Bruselas, preocupada por la malversación
En su intervención el comisario europeo también ha celebrado el desbloqueo del Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido al frente, tras el nombramiento de cuatro nuevos vocales, dos por parte del Gobierno, que son Juan Carlos Campo y Laura Díez, y otros dos por parte del Consejo General del Poder Judicial, que son María Luisa Segoviano y César Tolosa.
"Estos nombramientos son importantes, ya que el funcionamiento de los órganos constitucionales es un elemento esencial del Estado de derecho", ha añadido.
En esta línea Reynders ha instado "a todas las partes" a renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva 4 años caducado. "Seguimos llamando a todas las partes implicadas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación", ha pedido el responsable comunitario de Justicia.
Las declaraciones del comisario llegan días después de que la ministra de Justicia española, Pilar Llop, denunciara ante el Parlamento Europeo el bloqueo del órgano de gobierno de los magistrados y acusara al PP de "comportamiento irresponsable". "No hay mayor politización que bloquear el CGPJ. El debate aquí no es la renovación, sino en el incumplimiento sistemático y reiterado de la legislación y de la Constitución", indicó Llop.
Tras estas palabras el grupo popular movió ficha para forzar un debate en la Eurocámara sobre la protección del Estado de derecho en España, que se ha llevado a cabo este mismo miércoles.