ENTRE EL DOMINGO Y EL LUNES
La guerra entre las dos organizaciones criminales más poderosas de Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC), ha dejado al menos 18 muertos desde el domingo en enfrentamientos en dos cárceles brasileñas.
Ocho presos murieron este lunes en una cárcel del estado de Rondonia tras una pelea entre miembros del CV y el PCC, apenas un día después de que otra reyerta entre las dos bandas dejara 10 víctimas en un centro penitenciario de Roraima durante el horario de visitas.
Los ocho internos murieron asfixiados en un incendio en la Penitenciaria Regional Enio dos Santos Pinheiro de Porto Velho, capital de Rondonia, frontera con Bolivia. De las 10 víctimas del enfrentamiento en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo de Boa Vista, la capital de Roraima -fronterizo con Venezuela- varias fueron decapitadas y otras carbonizadas.
"Obviamente que la situación es gravísima, con muertes, pero vamos a ver si persiste o no y, a partir de eso, tomar las medidas necesarias. No fue pedido hasta ahora el refuerzo de la Fuerza Nacional (policía especial) porque fue una situación puntual", dijo a periodistas en Brasilia el ministro de Justicia, Alexandre Moraes.
Los enfrentamientos del fin de semana son resultado de una guerra entre el Comando Vermelho, una mafia con base en Río de Janeiro, y el Primer Comando de la Capital, asentado en Sao Paulo, por el control de las rutas de tráfico de drogas y armas, según admitió este lunes el secretario de Seguridad Pública de Roraima, Uziel Castro.
Las autoridades brasileñas iniciaron un traslado de presos vinculados con el CV y el PCC para evitar nuevos incidentes, incluida las prisiones de Roraima, donde unos 90 presos dijeron temer por su vida, y Rondonia, de donde serán trasladados al menos 40 internos.
Oficialmente, la Secretaría se ha limitado a señalar que "se están adoptando las medidas necesarias y por cuestiones de seguridad" en las prisiones del país.
La ruptura de la tregua que mantuvieron durante dos décadas el PCC y el CV puede tener gravísimas consecuencias para el país en términos de seguridad, en especial en Río de Janeiro, donde tras el final de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a finales de septiembre, se incrementaron los incidentes violentos.