Juicio por el 'procés': quiénes son los acusados y a qué penas se enfrentan

Nueve exconsellers, una expresidenta del Parlament y dos dirigentes de movimientos sociales convertidos en auténtico símbolo del independentismo se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados del Supremo en el juicio del 'procés', acusados buena parte de ellos de un delito de rebelión.

Estos son los doce acusados, las penas que solicitan para cada uno la Fiscalía y la Abogacía del Estado y el papel que les atribuyen las acusaciones:

Oriol Junqueras

Fiscalía: 25 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 12 años de cárcel por sedición y malversación Exvicepresidente y responsable de Economía y Hacienda, lleva en prisión provisional desde el 2 de noviembre de 2017.

En ausencia de Carles Puigdemont, es la cabeza visible del Govern que impulsó el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Considerado como el principal promotor del 'procés' dentro del Gobierno autonómico, Junqueras fue el responsable último de la preparación y ejecución del 1-O (tarea que coordinó su número dos, Josep María Jové) y, según las acusaciones, decidió ir hasta las últimas consecuencias pese a los riesgos en la seguridad evidenciados por los Mossos. A propuesta de su departamento (bajo el que se ocultaron gastos del referéndum) se aprobaron las normas y las previsiones necesarias para el 1-O. Junto con Puigdemont, envió una carta a todos los alcaldes de Cataluña para que cediesen los centros de votación y dejó de remitir información contable al Ministerio de Hacienda.

Carme Forcadell

Fiscalía: 17 años por rebelión

Abogacía: 10 años por sedición. Primero presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y después del Parlament, lleva en prisión desde el pasado marzo cuando fue procesada por rebelión. Meses antes, el 9 de noviembre de 2017, pasó una noche en la cárcel y salió tras pagar 150.000 euros de fianza.

Como principal representante del poder legislativo en Cataluña, las acusaciones también le adjudican el título de "promotora". Bajo su presidencia, la Mesa del Parlament dio luz verde a la tramitación de las iniciativas que, durante los turbulentos 6 y 7 de septiembre, acabarían convirtiéndose en las denominadas leyes de desconexión del Estado. También permitió la votación -con el rechazo frontal de la oposición- de la DUI y del inicio de un proceso constituyente para la nueva república.

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

Fiscalía: 17 años por rebelión

Abogacía: 8 años por sedición

'Los Jordis' son los acusados que más tiempo llevan en prisión, desde el 16 de octubre de 2017. También se les considera "promotores", en su caso como responsables de la vertiente social del 'procés' en su condición de líderes de ANC y Òmnium Cultural, las asociaciones soberanistas que jugaron un "papel crucial" como instrumento de presión al Estado.

Se encargaron, según las acusaciones, de mantener viva "la estrategia de movilización creciente y permanente" y su actuación fue esencial en el acoso a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando se impidió la actuación de la comisión judicial que estaba registrando el edificio. Una actuación dirigida y consentida por 'Los Jordis', acusados también de alentar a los ciudadanos a ocupar los centros de votación el 1-O para impedir la actuación policial.

En el caso de Sánchez, resultó elegido diputado por Junts per Catalunya en diciembre de 2017 y llegó a aspirar a la Presidencia de la Generalitat, pero no pudo acudir al Parlament al estar encarcelado. Renunció el 21 de marzo.

Joaquim Forn

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Exconseller de Interior y responsable de la política de seguridad desplegada por los Mossos d'Esquadra. Junto con Junqueras, lleva en prisión desde el 2 de noviembre de 2017. Como el exvicepresident, dio orden a los Mossos de seguir adelante con el 1-O pese, según la acusación, a los potenciales riesgos en la seguridad, y alentó a los ciudadanos a acudir en masa a votar.

Jordi Turull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Encarcelado también ese 2 de noviembre, quedó en libertad el 4 de diciembre tras pagar una fianza y volvió a prisión en marzo de 2018. Era el responsable de la Conselleria de Presidencia, desde la que se desplegó toda la estrategia de publicidad institucional el 1-O pagada con fondos públicos. Autorizó, junto con otros exconsellers, contrataciones para el referéndum y controlaba el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), esencial en la logística del 1-O y en el que se crearon páginas web (algunas duplicadas para dificultar la acción policial) y programas informáticos para llevar a cabo el referéndum. Tras las renuncias de Puigdemont y Sánchez a presidir la Generalitat, llegó a someterse a una sesión de investidura que no prosperó. Un día después, el 23 de marzo, volvió a prisión al ser procesado.

Josep Rull

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

Como Turull, pasó en prisión apenas un mes a finales de 2017 y en marzo de 2018 regresó a la cárcel. Además de alentar a los ciudadanos a votar el 1-O pese a ser consciente de que era una convocatoria ilegal y de que había riesgos en la seguridad, prohibió "arbitrariamente" en su condición de conseller de Territorio que un barco en el que viajaba la Policía atracase en la bahía de Palamós (Girona).

Raül Romeva

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 y medio por sedición y malversación.

Fue exconseller de Relaciones Institucionales y Exteriores y se encuentra en la misma situación procesal que Rull y Turull. Era el encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el 'procés'. Dirigía el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), una "suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal" que, según la Fiscalía, actuaba como "lobby" para difundir el 'procés' en el exterior. Bajo su dirección se crearon delegaciones catalanas en el extranjero, webs internacionales para informar sobre el referéndum, se desplegó una campaña internacional de la imagen de la Generalitat y se contrataron observadores internacionales para el 1-O. En 2017, la dotación presupuestaria de su departamento se incrementó un 107%.

Dolors Bassa

Fiscalía: 16 años por rebelión agravada con malversación.

Abogacía: 11 años y medio por sedición y malversación.

También encarcelada desde marzo (igual que los tres anteriores), Bassa dirigió la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo la que se ocultaron gastos del 1-O. Retiró a los funcionarios de su departamento la competencia sobre los centros de votación para asegurarse su disponibilidad el 1-O, desarrolló una base de voluntarios y animó a la participación. 10, 11 y 12

Santiago Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás

Fiscalía y Abogacía: Siete años para cada uno por desobediencia y malversación.

Como el resto de miembros del Govern, adoptaron los acuerdos para ejecutar y desarrollar el referéndum, desobedeciendo el mandato judicial y disponiendo para ello de forma ilegítima de fondos públicos, según las acusaciones. Son los únicos que están en libertad: Vila pasó una noche en la cárcel hasta que pagó su fianza, mientras que Mundó y Borrás estuvieron cerca de un mes, hasta diciembre de 2017.