CASO PLUS ULTRA
El expresidente del Gobierno responde a la citación del juez el próximo 2 de junio por tres presuntos delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la 'causa Plus Ultra' por el presunto cobro de comisiones ilegales.
Esta mañana se conocía la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el rescate público de la compañía aérea 'Plus Ultra'. El magistrado José Luis Calama tomaba la decisión tras situar al expresidente del gobierno como líder de una trama "estructuralmente estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". Ahora, el titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional analiza si los 53 millones de euros con los que se rescató a la aerolínea sirvieron para lavar fondos, así como para cobrar comisiones ilegales.
En medio de las investigaciones y el registro del despacho de Zapatero y las sedes de tres empresas, una de ellas de sus hijas, el expresidente socialista ha respondido a la citación de la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio asegurando su colaboración: "Deseo expresar mi disposición a colaborar con la Justicia y reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad".
Zapatero, que hoy se ha convertido en el primer expresidente del Gobierno imputado desde la era de la democracia en España, ha negado tajantemente haber formado parte de una trama criminal. En un vídeo al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, ha desmentido haber cometido los delitos de los que se le acusa: "Mi actividad privada y los ingresos que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración pública en el sector público sobre el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra Administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Ejerceré mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción", ha asegurado.
Este martes, Calama ha levantado el secreto de sumario de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra. En el auto, el juez apunta a una trama liderada por Zapatero que utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado". El escrito también menciona la intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, "revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos".
El magistrado apunta a una consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. Entre reuniones, contactos y comunicaciones, Calama ve evidencias de que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
En el escrito del instructor Calama, recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea, finalmente fue la vía de este último la que adquirió un "papel predominante" y permitió a Plus Ultra alcanzar los objeticos perseguidos.
Calama añade en el auto que la estructura investigada cuenta con una ramificación internacional en la que se habría creado al menos una sociedad off-shore:Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.
El magistrado explica que Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (19.01.2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad off-shore podría haberse creado para canalizar ese cobro.
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