Castilla y León
Ignacio Garriga anuncia que el partido revisará su continuidad en la Junta de Castilla y León tras la desautorización a Juan García-Gallardo.
El nuevo protocolo de abortos en Castilla y León anunciado por el vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo fue desautorizado por el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco. Esto ha provocado una colisión dentro de la Junta. Partido Popular y Vox lanzan contradicciones.
Tras la polémica, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha anunciado que revisarán si siguen en el Gobierno de la comunidad si no se cumplen sus compromisos. Así lo ha explicado el político en una entrevista en TVE.
"Vox exigirá el cumplimiento de un acuerdo al que se llegó en Junta de Gobierno y que llevó a conformar la coalición en Castilla y León. Llegará un momento de hacer balance, del cumplimiento de acuerdo que a los que se llegaron antes de la investidura y si no se cumplen, evidentemente, debería revisarse la opción de seguir en el Gobierno o no", ha puntualizado Garriga.
En la misma línea el secretario de la formación que dirige Santiago Abascal ha acusado al PP de arrugarse "cuando la izquierda mediática presiona". Aún así ha confesado que confía en que el Partido Popular cumpla con los acuerdos.
De cualquier modo, desde Vox han insistido que no darán un paso atrás en la defensa de las medidas 'provida' de Castilla y León: "No vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir perseverando en todo lo que dijimos en campaña y los compromisos suscritos en Castilla y León", ha matizado Garriga.
En tono más conciliador Iván Espinosa de los Monteros ha añadido que esperan que "Castilla y León en su gobierno se atenga a lo pactado". Si no se hace así, ha subrayado el portavoz, actuarán en consecuencia.
El Gobierno envía un requerimiento de incompetencia
El Gobierno central ha aprobado enviar un requerimiento de incompetencia dirigido al Consejo de Gobierno de la Junta castellanoleonesa. Este requerimiento de incompetencia influirá en cualquier actuación, incluidas las constitutivas de vía de hecho que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la ley de interrupción voluntaria del embarazo.