Castilla y león
Alfonso Fernández Mañueco ha hecho una declaración institucional tras las palabras de su vicepresidente García-Gallardo sobre las medidas para prevenir abortos y el requerimiento del Gobierno.
La medidas sanitarias para prevenir abortos anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, han desatado una espiral de polémicas. El Gobierno central ha instado a la comunidad a no vulnerar la normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ante el revuelo, el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco ha realizado declaración institucional en la que dice que "en ningún caso se modifica el protocolo del aborto".
Después de que el dirigente de Vox haya insistido este lunes en que se ofrecerá a las embarazadas escuchar el latido fetal y una ecografía 4D, Mañueco dice que "no se obligará a los médicos nada" y que "no se obligará a las embarazadas nada". "Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición", ha alegado.
"Tengo claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada. Por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar. Lo que si se va a hacer es mejorar las prestaciones a las embarazadas", ha matizado el presidente de la comunidad.
Requerimiento del Gobierno
El Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez aseguró que no dará ni un paso atrás en materia de derechos y libertades de mujeres: "El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial al Gobierno de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ni un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres".
Mañueco ha aclarado que "ni el gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la junta de Castilla y León".
Ha remarcado que las medidas van "en busca de promover la natalidad en un territorio que tiene evidentes problemas de despoblación" y que "consisten en ayudar a las mujeres embarazadas que han sido utilizadas de manera interesada"
Siente "estupefacción por el Gobierno de España por este asunto. Más aun sabiendo cuales son los efectos de las normas que ellos han publicado en el BOE. Quienes con una ley han ocasionado que decenas y decenas de agresores sexuales, e incluso violadores, vean rebajadas sus penas y algunos de ellos estén saliendo de prisión no tiene ninguna autoridad para dar lecciones referido en la protección de las mujeres", ha exclamado en su declaración institucional.