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DEFENSA

Anticorrupción investiga posibles irregularidades en contratos de Defensa por más de 7.200 millones de euros

La Fiscalía analiza la adjudicación de grandes programas militares y los préstamos públicos concedidos para financiarlos tras la denuncia de un particular.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre posibles irregularidades en contratos millonarios del Ministerio de Defensa vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, cuyo importe supera los 7.200 millones de euros.

Las pesquisas se centran en la adjudicación de grandes programas militares y en la concesión de préstamos públicos para financiarlos.

La información, confirmada por Antena 3 Noticias, apunta a contratos relacionados con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano, que habrían concentrado una parte importante de los fondos públicos destinados a la modernización de las Fuerzas Armadas.

Denuncia de un particular

La investigación comenzó en enero de 2026, después de que un particular presentara una denuncia en diciembre del año anterior por posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

El denunciante sostiene que desde 2020 se habría producido un patrón de adjudicaciones que podría haber favorecido a ambas compañías.

En concreto, alrededor de 6.077 millones de euros de los programas analizados habrían terminado en Indra, Escribano o uniones temporales de empresas en las que participan.

Entre las operaciones examinadas figura el programa de vehículos de combate 8x8, adjudicado en 2020 por unos 2.100 millones de euros al consorcio TESS Defence, integrado por Indra, Escribano, Santa Bárbara y SAPA.

También aparece el sistema lanzacohetes SILAM, adjudicado en 2023 por 576 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Escribano y Rheinmetall Expal, aunque este contrato fue anulado en septiembre de 2025.

La denuncia cuestiona que varias adjudicaciones se realizaran mediante procedimientos negociados sin publicidad o con una competencia limitada, amparándose en excepciones previstas por la normativa europea para proteger intereses esenciales de seguridad nacional.

Además, Anticorrupción analiza las condiciones de los préstamos públicos concedidos para financiar estos programas. En octubre de 2025, el Gobierno aprobó 6.890 millones de euros en créditos destinados a 18 proyectos de modernización militar.

Estos préstamos contemplaban un interés del 0% y, con carácter general, no exigían avales ni garantías patrimoniales a las empresas beneficiarias.

Para esclarecer los hechos, la Fiscalía solicitó a la Intervención General de la Administración del Estado un informe sobre la regularidad de los expedientes.

El primer documento fue entregado en abril y posteriormente se encargó un segundo análisis más exhaustivo.

Las diligencias continúan abiertas para determinar si existieron irregularidades en las adjudicaciones y en la financiación de los contratos.

Defensa asegura que todas las operaciones son legales

Por su parte, el Ministerio de Defensa asegura que todas las operaciones se han llevado a cabo conforme a la legalidad. La apertura de estas diligencias no implica, por sí misma, que se haya acreditado la comisión de delitos.

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