Las Palmas de Gran Canaria
La jueza y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha declarado este lunes en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.
Victoria Rosell como su pareja, Carlos Sosa, están acusados de despedir, presuntamente de manera irregular, a una empleada del hogar que trabajaba en su casa. La trabajadora, Simona Chambi, les acusa de no tener un contrato y de cobrar su sueldo en negro.
Rosell y Sosa fueron demandados por despido "improcedente" después de que Chambi fuera despedida el pasado 26 de mayo, cuando se recuperaba de una operación de cataratas.
Simona Chambi asegura que comenzó a trabajar en el año 2011 de forma ilegal, porque no tenía contrato y cobraba en negro. Ella pidió que si Victoria Rosell y su pareja no le realizaban un contrato de trabajo, esencial para regular si situación en España, dejaría de trabajar.
Jamás la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género le entregó nómina alguna, dice. En 2014, la trabajadora solicitó la nacionalidad española y ese mismo año, tuvo que regresar a Bolivia por problemas familiares.
Aunque regresó a España nueve meses más tarde, en 2015, la señora fue empleada por la Victoria Rosell, de nuevo, "en negro", hasta que volvió a plantarse.
"Solo a partir de insistir desde el año de 2017 le entregó nóminas, aunque seguía recibiendo instrucciones de su primera empleadora en los labores de limpieza de la misma casa en la que empezó a realizar su actividad profesional desde 2012", dice la demanda.