Joaquim Bosch advierte que la desclasificación de los informes de Ceuta "podría perjudicar políticamente al Gobierno"

Los frentes judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno se acumulan en plena precampaña. El magistrado Joaquín Bosch ha analizado las presuntas presiones contra la jueza Beatriz Biedma y la investigación por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Ha asegurado que no le "constan precedentes en España" de una supuesta trama política para acabar con un juez, pero ha advertido que "en el presente caso, tampoco creo que este sea el primer precedente".

Según el magistrado, "no hay ningún dato en la causa que siga en la Audiencia Nacional que diga, como se está diciendo políticamente, que el PSOE buscó sicarios para acabar con una jueza". Además, señala que la Audiencia Nacional no lo recoge en sus resoluciones y, por ahora, "más bien lo está descartando".

Reconoce la gravedad de lo que relata la magistrada, quien ha declarado haber sufrido seguimientos, que su familia ha sido incomodada y que se ha sentido presionada. Por ello, considera que el Consejo General del Poder Judicial debería haber hecho "un mayor esfuerzo de consenso" para darle "el máximo amparo".

El exjuez Sáenz de Tejada

La denuncia presentada por Biedma contra el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, a quien acusa de seguirla en coche tras declarar en la Audiencia Nacional, deberá "ser evaluada", según Bosch, añadiendo que hay que distinguir dos partes.

Por un lado, "las situaciones de conflicto, de enemistad, de ataques y descalificaciones" en Badajoz tras la inhabilitación de Sáenz de Tejada. Mientras que por otro está el caso Leire, en el que se investigan actuaciones vinculadas al PSOE y a cargos del partido, entre ellos Santos Cerdán: "Hay que ver si efectivamente hubo algún tipo de conexión entre lo que ocurrió en Badajoz y lo que era propiamente el caso Leire".

En su opinión hay que "ver como evoluciona la investigación", ya que, por el momento, no existe "una afirmación de que el PSOE pagó sicarios para que eliminaran a una jueza".

La descasificación de Ceuta

Sobre la investigación de la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta, Bosch ha explicado que la instructora "puede requerir la desclasificación" de informes si son de "indudable relevancia para poder reconstruir qué es lo que ocurrió". Aunque la decisión final corresponde al Gobierno, pero si este la rechaza las partes "sería reexaminada" por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que podría "forzarle a desclasificar lo necesario", pero "sin desvelar el secreto de lo que está clasificado".

El magistrado no duda de que "la gestión de cómo se examinó, de cómo se respondió" puede generar "dificultades políticas" al Ejecutivo: "A mí personalmente me parece claro que hubo serios errores en la detección, en la gestión y en la respuesta posterior". Para él, los documentos podrían mostrar "actuaciones negligentes" o una respuesta política criticable, pero eso no puede justificar mantenerlos en secreto.

"Sin duda, esa desclasificación puede arrojar datos que podrían perjudicar políticamente al Gobierno", ha concluido.

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