El PP acusa a Sánchez de "construir el relato" para indultar al fiscal mientras el Gobierno dice sentir "indefensión"

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de datos personales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez en democracia que un fiscal general se sienta en el banquillo y resulta condenado, lo que sitúa el caso en un plano institucional inédito.

La resolución llega tras un juicio de seis jornadas en el que García Ortiz negó haber filtrado el correo electrónico que recogía la admisión de fraude fiscal por parte de González Amador. Las acusaciones sostuvieron que esa confesión sirvió de base para la nota de prensa con la que la Fiscalía quiso precisar que era la pareja de Ayuso quien ofrecía un pacto y no al revés, como se había publicado y había transmitido el jefe de Gabinete de la presidenta.

Una condena con efectos dentro de la Fiscalía

Más allá de la inhabilitación para el cargo, el fallo impacta de lleno en la propia carrera fiscal. El Estatuto Orgánico del Ministerio Público establece que cualquier miembro condenado por un delito doloso debe abandonar la institución, por lo que la condena abre la puerta a la expulsión de García Ortiz del escalafón, a la espera de cómo se ejecute la sentencia y de la interpretación que haga la propia Fiscalía de esa obligación interna.

La difusión anticipada del fallo ha evidenciado, además, tensiones en la Sala al trascender que la negativa de la magistrada ponente a apoyar una condena precipitó que se hiciera pública la decisión. Pese al pronunciamiento y a que el Gobierno ya ha marcado distancia, el fiscal general seguía en el cargo al cierre de la información, con la opción abierta de plantear un "incidente de nulidad" y, en su caso, acudir después al Tribunal Constitucional.

Ayuso eleva el tono: "Estos hechos son propios de una dictadura"

La presidenta madrileña ha sido una de las voces más duras tras conocerse la sentencia. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que el 20 de noviembre de 2025 "pasará a ser un día histórico para la democracia española" porque la justicia ha condenado al fiscal general "por cometer un delito con el único objetivo de atacar a un adversario político". Ha calificado los hechos como "propios de una dictadura" y ha subrayado que la condena demuestra que "el Estado de Derecho está aquí, es una buena noticia".

Ayuso sostiene que la actuación del fiscal ha vulnerado derechos fundamentales y "muestra la vulnerabilidad de los de todos". En su comparecencia, ha advertido de que "España necesita una nueva etapa de cordura", ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar "el poder del Estado de manera ilegal contra adversarios políticos" y ha resumido que "España no se merece un Gobierno que les mienta ni que le parta en dos".

El Gobierno habla de "sentencia política" y el PP de "delincuente"

La reacción del Ejecutivo se ha articulado en torno a la idea de que el fallo tiene un componente político. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha mostrado públicamente su apoyo al fiscal general y ha alertado de que se trata de "una sentencia política" que "se dirige al Gobierno de coalición progresista". Ha descrito el caso como "inaudito" y ha defendido a García Ortiz como "un magnífico profesional".

El ministro Óscar López, por su parte, ha calificado la condena de "injusta". Ha asegurado que el Gobierno es "profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces", pero ha añadido que "lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo".

En el bloque contrario, el Partido Popular ha endurecido su discurso. El secretario general, Miguel Tellado, sostiene que ha quedado "acreditado" que el fiscal general "es un delincuente" y ha recordado que "no lo dice el Partido Popular, lo dice el Tribunal Supremo". Desde la dirección popular, varios dirigentes acusan al Gobierno de estar "construyendo el relato" para un eventual indulto y reclaman la salida inmediata de García Ortiz y la asunción de responsabilidades por parte de Pedro Sánchez.

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