El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de que el coste del ático de Madrid carece de "justificación legal"

El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de que los 6,3 millones de euros que costó el ático adquirido por la Comunidad de Madrid pudieron constituir una salida de fondos públicos "carente por completo de justificación legal".

EFE ha accedido a un auto en el que el Tribunal de Cuentas rechaza el archivo de la causa que pedían la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid y ha elevado las actuaciones para que se nombre un delegado instructor para investigar la compra del ático del barrio de Chamberí por parte del gobierno regional madrileño. Fue el pasado 8 de octubre cuando el Tribunal de Cuentas dio cinco días de plazo al Ministerio Fiscal, a Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronunciaran sobre si procedía nombrar a un delegado instructor o acordar el archivo de las actuaciones abiertas.

"Los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid", recoge el auto en base a las informaciones de Europa Press, que también ha tenido acceso.

Hay que remontarse al 14 de abril en cuanto a esta investigación cuando Planifica formalizó la adquisición del inmueble, un ático de uso residencial ubicado en la última planta de un edificio de la calle General Martínez Campos número 35, por un importe de 6,3 millones de euros. La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 485 metros cuadrados, de los que unos 199 corresponden a la terraza.

Las denuncias

Lo que sostienen las denuncias es que la compra se habría realizado sin una justificación previa suficiente, sin la constancia de un expediente de necesidad anterior a la operación y sin acreditar su vinculación con los fines públicos de la sociedad. Además, cuestionan que el inmueble se adquiriese por un precio superior a su valor de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para el uso administrativo o institucional que posteriormente se alegó.