La 'trama Leire' contactó con un clan de la droga de Badajoz para intimidar a la juez Biedma

Una figura vinculada al entorno socialista habría buscado la colaboración de un conocido clan asentado en Badajoz y dedicado al tráfico de estupefacientes con el fin de presionar a la magistrada Beatriz Biedma.

La jueza instruía por entonces la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y su labor resultaba incómoda para determinados intereses. Los indicios apuntan a que, tras fracasar intentos previos de desacreditar a Biedma mediante denuncias y recusaciones, el grupo en torno a Leire Díez exploró una vía más agresiva.

Se habrían establecido contactos con miembros de esa organización criminal, a la que se conocía por su implicación en el narcotráfico de heroína y otros delitos. La propuesta consistía en ofrecerles mediación o beneficios procesales en las causas que la propia Biedma investigaba contra ellos, a cambio de actos de intimidación dirigidos contra la instructora. Entre las opciones barajadas figuraba generarle un susto que la alejara del procedimiento o comprometiera su seguridad personal.

La acusadora libreta de Leire Díez

Una anotación hallada en una agenda atribuida a Leire Díez, correspondiente a finales de marzo de 2025, resultó clave para los investigadores. En ella se mencionaba a la jueza de Badajoz junto a referencias a un mercado de droga y a un individuo conocido como 'El gitano', figura ligada al clan. La fecha coincidía con el rechazo de una recusación previa, lo que sugiere que se trataba de una estrategia desesperada. Testimonios y gestiones posteriores indican que se llegó a facilitar información sobre la rutina de la magistrada y de su entorno familiar a intermediarios del grupo, con la intención de que actuaran.

El clan rechazó colaborar con la socialista

El clan, liderado en aquel momento por figuras como una mujer llamada Cintia Rocho y asociado a conflictos violentos en la ciudad, habría valorado la oferta, pero acabó declinándola. Según las fuentes de la instrucción, desconfiaron de las promesas de la socialista Leire Díez. Aun así, el mero contacto y la exposición de datos personales generaron alarma en el ámbito judicial.

Biedma, al conocer estos extremos a través de informes policiales y publicaciones, solicitó personarse como acusación particular en la causa que investiga las presuntas cloacas, argumentando que se puso en riesgo no solo su reputación profesional, sino su integridad física.

La Audiencia Nacional continúa esclareciendo el alcance real de las gestiones, el papel de intermediarios como el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada y las motivaciones de cada parte. Mientras tanto, el caso recuerda que la búsqueda de influencia a cualquier precio puede cruzar líneas que amenazan el Estado de derecho. La investigación sigue abierta y se esperan nuevas diligencias que aclaren si existió un pacto formal, solo intentos frustrados de coacción o es un invento de la persona que realiza la denuncia.