Caso David Sánchez: de un enchufe en la Diputación de Badajoz a una condena por prevaricación

El caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno es la historia de un supuesto enchufe en un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que ha acabado convirtiéndose en una causa penal. Todo comienza en 2016, cuando la institución crea una plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios. Un año después, David Sánchez obtiene ese puesto. Durante años apenas trasciende el nombramiento, hasta que en 2024 el sindicato Manos Limpias presenta una denuncia al considerar que la plaza pudo haberse diseñado específicamente para él.

La jueza Beatriz Biedma abre una investigación que, poco a poco, va ampliándose. La Guardia Civil analiza expedientes, correos electrónicos y documentación interna, mientras declaran decenas de funcionarios y responsables políticos. Aunque el presunto fraude fiscal acaba archivado y no prosperan otras líneas de investigación, aparecen correos en los que algunos trabajadores de la Diputación cuestionan la necesidad del puesto e incluso debaten cómo justificar sus funciones.

Dificultades para ubicar su oficina

David Sánchez comparece en varias ocasiones ante el juzgado, aunque tiene dificultades para explicar la ubicación de su oficina. Mientras tanto, la magistrada asegura sentirse sometida a presiones y supuestas tramas para desacreditarla por la relevancia política del procedimiento. Pese a ello, procesa a David Sánchez y a varios cargos de la Diputación por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, rechazando también las peticiones para archivar la causa.

Un intento de aforamiento exprés

Poco antes del juicio se produce otro episodio de gran repercusión. El entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, obtiene un escaño en la Asamblea de Extremadura, un movimiento que las acusaciones califican de intento de aforamiento exprés para que el caso cambiara de tribunal. Finalmente, el juicio se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz entre finales de mayo y comienzos de junio de 2026.

Más de 50 testigos

Durante varias sesiones comparecen más de medio centenar de testigos. Algunos defienden que David Sánchez desarrolló una actividad cultural real y que su puesto era necesario en la Diputación. Otros sostienen que el puesto fue creado expresamente para favorecerle. La Fiscalía solicita la absolución de todos los acusados al considerar que no existen pruebas suficientes, mientras las acusaciones populares endurecen inesperadamente su postura y duplican su petición de pena hasta reclamar seis años de prisión para David Sánchez.

Un mes después, la Audiencia Provincial concluye que no ha quedado acreditado un delito de tráfico de influencias, pero sí que la plaza fue creada y posteriormente adaptada de forma arbitraria. Por ello condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

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