Caso Koldo
Los socios de Sánchez critican la benevolencia con Aldama: "Delinque, delata y libras"
ERC y otros aliados del Gobierno reclaman más explicaciones al presidente y consideran que la resolución judicial puede enviar un mensaje a otros investigados.
La sentencia del caso Mascarillas ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno. Más allá de las críticas de la oposición, varios socios parlamentarios de Pedro Sánchez han mostrado su desacuerdo con algunos aspectos de la resolución, especialmente con la suspensión de la condena al empresario Víctor de Aldama. En paralelo, reclaman al presidente que asuma responsabilidades políticas por la elección de José Luis Ábalos como uno de sus colaboradores más cercanos.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido uno de los más contundentes. Aunque no considera excesiva la condena de 24 años de prisión impuesta al exministro, sí cuestiona el tratamiento recibido por Aldama y advierte de las consecuencias que puede tener para otras investigaciones abiertas. A su juicio, el mensaje que transmite la resolución es claro: "Delinque, delatas y libras".
Rufián exige explicaciones a Sánchez
Tras la Junta de Portavoces del Congreso, Rufián puso en duda el recorrido de la legislatura y lanzó una reflexión sobre el momento político actual. "¿Seguir para qué? Es que yo creo que es la pregunta clave", afirmó, aunque precisó que esa reflexión no debe interpretarse necesariamente como una petición de elecciones anticipadas.
El dirigente republicano avanzó además que ERC reclamará a Pedro Sánchez explicaciones durante su comparecencia en el Congreso. "Al final le han caído 24 años de cárcel a su superministro, al número 2 de su partido. Decir que no sabía nada y que Feijóo es peor, ya lo sabemos", aseguró. A su juicio, el presidente no puede limitarse a desvincularse de lo ocurrido.
Críticas por la diferencia de penas
Mientras el Gobierno insiste en su "compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", distintas formaciones han centrado sus críticas en la diferencia de tratamiento entre los condenados.
Algunos socios consideran "desproporcionada" la disparidad de penas y sostienen que la resolución no castiga con la misma intensidad al corruptor. También interpretan que la decisión judicial puede influir en otros procedimientos abiertos y en la estrategia de otros investigados.
Desde Podemos, las críticas fueron un paso más allá al deslizar que el Ejecutivo conocía la situación de Ábalos antes de apartarlo y que su destitución respondió al intento de contener el impacto político del caso.
Mientras tanto, la oposición mantiene la presión sobre el Ejecutivo y reclama que Pedro Sánchez asuma responsabilidades políticas, al tiempo que insiste en que comparezca para dar explicaciones sobre un caso que sigue marcando el debate político.
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