Borja Sémper anuncia un plan del PP "contra el crimen organizado en el Estrecho con penas más contundentes"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha protagonizado en las ultimas semanas su reaparición en los medios tras el parón provocado por el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2025. En una entrevista en Espejo Público, el popular ha hablado tanto de su situación personal como de seguridad y narcotráfico, uno de los asuntos en los que el Partido Popular promete endurecer su posición si llega al Gobierno tras la polémica generada debido a la muerte de dos guardias civiles en un acto de servicio contra el narcotráfico en Huelva.

"Vamos a implementar un plan contra el crimen organizado en el Estrecho de Gibraltar", ha asegurado Sémper, que defiende reformas penales más duras y más medios para Guardia Civil y Policía Nacional. Y lo hace no solo desde el punto de vista político, sino también "emocional" tras recordar la detención por parte del Cuerpo de un comando de ETA cuando iba a atentar contra él: "No puedo engañar a nadie, mi análisis es moral también", ha confesado.

"El crimen organizado es cada vez más fuerte"

Sémper vincula sus palabras a la situación que vive el sur de España y ha recordado el asesinato de dos guardias civiles en Barbate hace dos años durante una operación contra el narcotráfico. Asegura que "no ha cambiado nada" desde entonces, y apunta a informes de expertos que recogen que en el Estrecho de Gibraltar, desde toda la franja desde Cádiz a Huelva e incluso Portugal, "el crimen organizado se está reforzando, cada vez es más eficaz y cada vez requiere de más medios para ser combatido".

El plan del PP

El portavoz popular ha explicado que el PP quiere recuperar el OCON-Sur, la unidad de élite especializada contra el narcotráfico, además de impulsar cambios legales para endurecer las condenas relacionadas con este tipo de delitos.

Entre las medidas anunciadas, Sémper ha defendido que los delitos relacionados con el narcotráfico sean juzgados por la Audiencia Nacional, igual que ocurre con el terrorismo. Según explica, el objetivo sería evitar presiones sobre jueces, fiscales y agentes destinados en las zonas más afectadas por el crimen organizado.

También reclama que los guardias civiles sean reconocidos como profesión de riesgo y asegura que hace falta "protegerles, prestigiarles y dotarles de más recursos".

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