Juanma Moreno vuelve a la presidencia de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox

Juanma Moreno vuelve a la presidencia de la Junta andaluza gracias a los votos de los de su partido y de los de Vox. Ambos grupos políticos han cerrado un acuerdo para que el candidato popular fuera investido presidente. Precisamente, ese acuerdo sí incluye la prioridad nacional, después de que los de Santiago Abascal votaran en contra este martes. Los 109 diputados han votado a partir de las 19:00 horas de la tarde a la segunda votación de investidura, después de que el presidente de la Junta en funciones y líder del PP andaluz perdiera el martes la primera, en la que los 56 parlamentarios de los tres grupos de la izquierda y de Vox votaron en contra, frente a los 53 populares.

Vox entra en la Junta de Andalucía con una vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local

Ambos partidos llegaron a un 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad' en Andalucía con el que los de Abascal entrarán por primera vez en el Ejecutivo andaluz y lo harán con una consejería con rango de vicepresidencia y que ostentará las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Así lo han indicado Juanma Moreno y Manuel Gavira a los medios de comunicación.

Con este acuerdo, Juanma Moreno ha explicado que Gavira asumirá la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local con rango de Vicepresidencia, así que "se incorpora al Consejo de Gobierno". Al mismo tiempo, Juanma Moreno explicó que de los 5 senadores que obtuvo el PP en las elecciones del pasado 17 de mayo por designación autonómica, uno de ellos será cedido a Vox. Además, en este acuerdo alcanzado hoy, la vicepresidencia del Parlamento andaluz también será para Vox.

En 2019, Vox votó a favor de la investidura de Moreno, pero en aquel momento este gobernó en coalición con Ciudadanos. Así, a diferencia de Extremadura, Aragón y Castilla y León, en Andalucía será la primera vez que los de Abascal formen parte del Ejecutivo regional.

Un acuerdo "justo" y "legal"

Ese 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad' contiene 150 puntos programáticos en 60 páginas que Moreno ha calificado de "justo" y "legal". También ha dicho que busca "crear progreso" en Andalucía gracias a un texto "potente, minucioso, sereno y sensato". El presidente de la Junta en funciones ha reconocido que las urnas arrojaron una mayoría insuficiente el pasado 17 de mayo para el PP y "sin mayoría no se puede gobernar" porque "no hay estabilidad". El líder del PP ha añadido que ambos partidos han hecho un esfuerzo para llegar a este acuerdo que no es de investidura sino que es de legislatura y contiene el compromiso por ambas partes de aprobar los presupuestos para Andalucía de los próximos cuatro años.

La "prioridad nacional" para acceder a las ayudas públicas

El acuerdo recoge en su punto 18 de los 150 que contiene que se establecerá la "prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas", que pueden ser "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" ligadas a "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". En concreto, ese "arraigo" se medirá con un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" y ligado a la "trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema".

Este pacto también contempla la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". En el punto 49 se recoge esa "prioridad nacional" en cuanto al "acceso a la vivienda protegida y al alquiler social", que se basa, como ocurre en el caso de las ayudas, en un "un arraigo real, duradero y verificable con el territorio" comprobable por el empadronamiento histórico en España de al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler.

Fijar población

Además, PP y Vox han acordado reforzar "los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio" para "garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida" y facilitar la vuelta de los andaluces emigrados.

Por eso se valorará "al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Andalucía, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región" y "todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda" como son jóvenes, "nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo" y similares.

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