El PP reclama todos los contratos de Correos en la etapa de Leire Díez

El Partido Popular ha decidido iniciar otra investigación al margen de la UCO sobre las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública de Correos, dependiente de la Sepi, durante el periodo en el cual Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, ostentó cargos de responsabilidad en la misma.

Este movimiento se trata de una acción política, a través del Congreso, que se activa en paralelo a las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y por la Audiencia Nacional sobre las actividades supuestamente delictivas de la ex militante socialista.

El PP solicita al Gobierno que los contratos formalizados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con proveedores durante el tiempo en el que Díez fue directora de Relaciones Institucionales de la sociedad estatal y de Filatelia, además de todas aquellas negociaciones y ventas que se produjeron en esta etapa.

Asimismo, han exigido al actual presidente de la entidad, Pedro Saura, que se lleve a cabo una auditoría interna de todos esos contratos y negociaciones en los que pudo intervenir o estar relacionada Díez mientras fue responsable del área de Gestión de Administración Local en la Secretaría General y del Consejo y posteriormente como directora de Relaciones Institucionales.

El PP propone estas medidas a través del Congreso, después de que la UCO se presentara el pasado día 12 en las sedes de Correos y de diferentes organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica pidiendo documentación relacionada con contratos y subvenciones sospechosos de estar relacionados con la trama por la que fue detenida la ex militante del PSOE.

Bloquean las cuentas de Leire Díez y otros investigados

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió el pasado martes bloquear las cuentas bancarias de los presuntos integrantes la "organización criminal" formada por Leire Díez, Joseba Antxón Alonso y Vicente Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Particiaciones Industriales (SEPI). Los imputados pudieron cobrar cerca de 700.000 euros en mordidas ilegales aprovechando su posición e influencia dentro de la SEPI, y para ello habrían canalizado el entramado a través del grupo 'Hirurok', palabra cuyo significado es "nosotros tres".

Dentro de la investigación, hay presuntas ayudas y contratos públicos que habrían sido posibles gracias a Leire Díez y sus supuestos socios, aunque por ahora no hay más detalles acerca de la causa. El caso permanece bajo secreto desde que el magistrado Antonio Piña (estando de guardia) ordenara las detenciones y primeros registros. Finalmente, la causa pasó al juzgado de Santiago Pedraz por reparto, y este acordó prorrogar ese secreto en las actuaciones durante un mes más.

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