DESDE BRISBANE
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que este lunes contestará a la carta enviada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tras la consulta del 9-N, y añadió que viajará a Cataluña para "defender los intereses" de los catalanes, que son, según añade Rajoy, "mucho más importantes que los intereses de algunos otros por puros prejuicios ideológicos".
Desde la ciudad de Brisbane (Australia), donde se ha celebrado la cumbre del G-20, el presidente español se comprometió a responder a la carta, en la que Mas ofrece establecer un "diálogo permanente entre los dos gobiernos y pide al Gobierno central la celebración de una "consulta definitiva" sobre la independencia de Cataluña.
Por otra parte, Rajoy confirmó que viajará a Cataluña para explicar que no quiere que tengan que elegir entre ser catalanes o españoles. "Les voy a decir que siendo españoles, catalanes y europeos también están en el G-20 y les voy a explicar que en el mundo de hoy no conviene a nadie estar aislado", apostilló.
En este sentido, insistió en que va a explicar sus argumentos y a decirles que "Cataluña ha ido bien cuando han tenido dirigentes que han buscado el acuerdo y el pacto". En este punto, advirtió de que "la dinámica de buscar la división y el enfrentamiento no conduce a nada".
"No quiero expulsarles de Europa"
"Voy a decirles que no quiero expulsarles de Europa, del euro o del G-20, que quiero que estén integrados con nosotros", dijo el jefe del Ejecutivo, que regresó este domingo a España después de participar en la cumbre del Grupo de las veinte principales economías del mundo.
"Yo voy a trabajar en Cataluña, como hago siempre. Voy a explicar a los catalanes que tenemos un buen momento para superar varios años de crecimiento negativo en el país y que ahora es el momento para consolidar todas la políticas. Voy a hablar de la situación económica, de empleo, de generación de bienestar y riqueza y de todos esos tema que preocupan a los ciudadanos de Cataluña", sentenció.
Por otra parte, Rajoy dijo que respeta la autonomía de la Fiscalía General del Estado, respecto a las investigaciones en torno a las presuntas irregulares de la consulta independentista del pasado 9 de noviembre, y garantizó que no ha habido "ningún tipo de presión", ni por parte del Gobierno ni del Partido Popular.