PSOE
Agentes de la UCO han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación que afecta a Leire Díez.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se adentra este miércoles en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. La orden que ha recibido la UCO por parte del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien instruye el 'caso SEPI', ha sido la de requerir documentación concreta que influya en la trama.
Una operación que forma parte de la causa que investiga si el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán, amañaron contratos públicos a cambio de mordidas.
La denominada la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, quien fue nombrada directora general de la SEPI en 2018, está en el centro de la investigación. Según las pesquisas, Díez habría utilizado su posición para influir en la asignación de contratos y fondos de la SEPI en favor de determinadas empresas, sin cumplir con los procedimientos legales y de licitación establecidos, presuntamente, a cambio de favores personales o financiación para su carrera política.
Según fuentes jurídicas, se han hallado indicios que la apuntan como ejecutora de un operativo para atacar a jueces, fiscales y otras partes relacionadas con casos como los del hermano del presidente del Gobierno o el de su esposa, Begoña Gómez. Unos operativos presuntamente abonados por el Partido Socialista y por los que el juez Pedraz ha solicitado documentación que avale o descarte esos pagos irregulares a la exmilitante socialista.
Un requerimiento que no queda ahí. La UCO también registra los domicilios de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías y Santos Cerdán, así como del empresario Javier Pérez Dolset, amigo de Leire Díez, todos ellos investigados por el juez Pedraz por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación, falsedad documental e incluso delitos contra las instituciones del Estado.
La investigación también se extiende al ámbito empresarial vinculado a los principales investigados, donde aparece la constructora 'Servinabar'. Una sociedad que pertenecía a Antxon Alonso y que es considerada el vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama. Entre ellos, Vicente Fernández, presidente de la SEPI entre mediados de 2018 y octubre del 2019, quien pasó a cobrar de la constructora una vez salió del organismo y, en tres años, llegó a percibir más de 200.000 euros.
Es por ello que 'Servinabar' es un eslabón clave de la causa. El Tribunal Supremo investiga si la compañía formó distintas uniones temporales de empresas (UTE) junto a otras grandes constructoras, como Acciona, para concurrir a concursos públicos, en un esquema en el que las firmas asociadas ejecutaban la mayor parte de los trabajos.
Según la investigación, la participación de 'Servinabar' en determinadas UTE podía facilitar su acceso a adjudicaciones públicas de gran importe, al actuar como socio en los consorcios que concurrían a licitaciones.
Distintas fuentes del sector de la consultoría y la empresa señalan que los implicados en el 'caso Leire' quisieron hacer de la sociedad de Alonso un punto desde el que "asesorar" a empresas que quisiesen hacer negocios con la Administración durante la presidencia de Pedro Sánchez. Asimismo, trataban de deshacerse de Acento, consultora a la que consideran parte de una rama socialista contraria al PSOE.
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