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Ley de Extranjería

Qué cambia con la nueva Ley de Extranjería propuesta por Sumar, PSOE y Coalición Canaria

La proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería busca establecer un reparto de menores migrantes no acompañados

Sumar, PSOE y Coalición Canaria han registrado la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados. Esta reforma propone modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, el cual deberá completarse en los 15 días posteriores al registro del menor.

De esta forma, la iniciativa presentada los tres partidos políticos busca introducir un nuevo artículo 35 bis que declarará la existencia de "situaciones de contingencia migratoria extraordinaria" en Canarias, Ceuta y Melilla, zonas en las que las "peculiaridades de su ubicación geográfica" favorecen la llegada de los flujos migratorios actuales. El reparto de los menores migrantes no acompañados se realizará cuando los servicios autonómicos encargados de recibir a esos niños acrediten la insuficiencia para atenderlos.

Por esta razón, la reforma establece que se entenderá que existe una "sobreocupación" cuando los menores acogidos superen en un 150 % el número de plazas ordinarias disponibles en el sistema. En Canarias habrá un total de 2.000 plazas, mientras que Ceuta y Melilla tendrán 88 y 166, respectivamente. Por tanto, en Canarias se pondrá en marcha el traslado de menores cuando se registren más de 3.000 personas extranjeras menores de edad no acompañadas una cifra mientras que en Ceuta se sitúa en los 132 y en Melilla en 249.

En la norma también se establece que el mecanismo de derivación de estos niños entre las diferentes comunidades autónomas, así como los "criterios objetivos" para la determinación de plazas por región, serán acordados por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia "atendiendo al principio de solidaridad". Hasta la aprobación del nuevo modelo de gestión, que será de carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas y deberá estar listo a los tres meses de la entrada en vigor de la ley.

Sin embargo, debido a la "urgencia" que presenta la crisis migratoria y el volumen de menores, especialmente en Canarias, la iniciativa establece un periodo de transición para la aplicación de la ley. De esta forma, los menores que en el momento de la entrada en vigor de la norma excedan el 150 % de ocupación de las comunidades tensionadas, podrán ser distribuidos en un plazo máximo de 12 meses entre el resto de las regiones.

La reforma también añade al artículo 52 de la norma un nuevo punto por el que se considerará "infracción leve" cuando las entidades o personas que trabajen en la atención a menores migrantes no comuniquen a la autoridad pública de la localización de los mismos. Tramitación por vía de urgencia PSOE y Sumar empezarán esta semana a intentar atar los apoyos para que esta proposición de ley pueda ser aprobada "cuanto antes" y la idea es que se tome en consideración en el último pleno extraordinario previsto en el Congreso para el 23 de julio.

El objetivo es tramitar la iniciativa de forma urgente para garantizar la protección jurídica a los menores inmigrantes no acompañados que se esperen que lleguen a Canarias en agosto.

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