PSC
El PSC fuerza la dimisión de sus concejales en Ripoll
La abstención de dos ediles facilitó la aprobación de las cuentas de Orriols.
Los dos concejales, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, con su abstención en el pleno del pasado jueves, permitieron, junto a los votos de Alliança Catalana y de la agrupación independiente Som-hi Ripoll, y pese al voto en contra de Junts, ERC y la CUP, que salieran adelante los presupuestos de Sílvia Orriols.
Ambos justificaron su decisión "con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll". Según el PSC de las Comarques Gironines, no informaron previamente de su postura ni contaban con el aval del partido, que ha mostrado su total desacuerdo.
La dirección del partido que lidera Salvador Illa comunicó este martes el cese de los dos ediles. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido la decisión: "Siempre defendemos posiciones y planteamientos que apuestan por la convivencia y el respeto a la diversidad, y no por fuerzas políticas o posicionamientos que defienden todo lo contrario; en este caso, evidentemente, la confrontación y el odio", ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Una decisión contra la que ambos concejales se han rebelado. Acusan al partido de actuar "de forma unilateral", aunque, pese a su desacuerdo, han materializado su renuncia tras reconocer que su abstención fue un error, al suponer una colaboración con la formación de Orriols. La agrupación local de Ripoll ha manifestado su total desacuerdo con la salida forzada de ambos, y Sílvia Orriols ha reaccionado horas después en redes sociales: "¿Quién es el intolerante y autoritario ahora?".
Moret asegura que otros dos compañeros asumirán ahora esa responsabilidad, sin especificar si serán las siguientes personas de la lista en las elecciones municipales de 2023. Lo cierto es que, por el momento, ningún miembro de la candidatura socialista está dispuesto a asumir el acta de concejal tras la marcha de sus hasta ahora dos representantes.
El PSC tampoco ha concretado si impondrá sanciones internas, aunque su código ético contempla medidas severas para actuaciones contrarias a las directrices del partido, que pueden ir desde la suspensión de militancia hasta la expulsión.
Se trata de un conflicto que evidencia el choque entre la política local y las directrices nacionales de los partidos, a menudo divergentes.
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