Policías y guardias civiles, fuera de las profesiones de riesgo: ¿por qué sigue sin aprobarse?

La reclamación de policías nacionales y guardias civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo continúa sin avances definitivos en el Congreso. La Mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha paralizado ya en 70 ocasiones la tramitación de la propuesta impulsada por la oposición para equiparar a ambos cuerpos con otros colectivos que sí cuentan con ese reconocimiento.

El debate ha regresado esta semana al foco político después de que el Partido Popular aprobara en el Senado, gracias a su mayoría absoluta, una iniciativa para facilitar la jubilación anticipada de estos agentes. La medida busca permitir que puedan retirarse antes de la edad ordinaria sin sufrir recortes en la pensión.

El reconocimiento como profesión de riesgo permitiría a policías nacionales y guardias civiles acceder a una jubilación anticipada en torno a los 60 años con el 100% de la prestación. También supondría mejoras en indemnizaciones por accidente o fallecimiento en acto de servicio, además de un mayor respaldo sanitario y psicológico.

Actualmente, este reconocimiento sí existe para colectivos como mineros, trabajadores ferroviarios o determinadas policías autonómicas y locales, entre ellas los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra o distintos cuerpos municipales.

Desde las asociaciones profesionales insisten en que el nivel de exposición y riesgo de Guardia Civil y Policía Nacional es equiparable. La portavoz de Asociación Unificada de Guardias Civiles, Olaya Salardon, recuerda que muchos agentes trabajan en operaciones contra el narcotráfico y organizaciones criminales "cada vez más profesionalizadas".

Sin plazos sobre la mesa

Aunque el Gobierno no rechaza públicamente la medida, desde el PSOE reconocen en privado que todavía no existe un calendario concreto para desarrollarla. Según trasladan fuentes socialistas, el Ministerio del Interior mantiene contactos con sindicatos policiales y asociaciones de agentes para estudiar posibles fórmulas que permitan aplicar el reconocimiento.

Mientras tanto, la oposición acusa al Ejecutivo de retrasar una medida que consideran urgente. El bloqueo parlamentario se ha convertido además en uno de los principales focos de crítica de sindicatos y asociaciones profesionales, que llevan años reclamando cambios en las condiciones laborales y de jubilación de ambos cuerpos.

El debate político sigue abierto

La discusión llega en un momento en el que crece la presión sobre el Gobierno para ampliar el catálogo de profesiones consideradas de riesgo. Los colectivos policiales sostienen que las condiciones de trabajo, la exposición a la violencia y el desgaste físico justifican su inclusión dentro de ese grupo. Sin embargo, la falta de acuerdo político mantiene congelada una reforma que sigue sin fecha para desbloquearse.

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