PIDEN AL GOBIERNO MEDIDAS QUE GARANTICEN SU SEGURIDAD
Los sindicatos policiales se han concentrado ante la verja para denunciar los ataques e insultos de los que son objeto desde las páginas web de organizaciones de la colonia.
La tensión en Gibraltar ha generado también ataques desde las páginas web de organizaciones de la colonia contra las fuerzas de seguridad españolas.
Este mediodía, los sindicatos policiales se han concentrado ante la verja para reclamar que no se permitan estos ataques e insultos. Piden al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los policías y guardias civiles que trabajan en la frontera.
Los problemas para los agentes españoles se repiten en cada crisis con el peñón. Policía y Guardia Civil siguen denunciando que el acoso permanece y las webs están más activas tras las últimas retenciones.
Aparecen en ellas fotografías, con rostros y números de los agentes, en la frontera gibraltareña acusados de ser criminales y torturadores. Organizaciones de apoyo a Gibraltar incitan al acoso incluso en sus domicilios particulares.
Es una historia que no es nueva para los policías españoles, pero que vuelven a sufrir de cerca en cada crisis en el peñón. Pero la tensión no es solo en la frontera de tierra firme. Los enfrentamientos llegan cuando las patrullas de la Benemérita acuden a socorrer a los pesqueros españoles por la presión de la Policía de Gibraltar.
La historia de estas aguas incluye una lista interminable de enfrentamientos. Los agentes españoles han denunciado desde verse apuntados con armas hasta haber descubierto cómo, en 2009, la Royal Navy practicaba su puntería con la bandera española.
Muere un joven migrante en el asentamiento de la antigua fábrica de Guano
El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.