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Violación grupal

¿Podría beneficiar a los condenados de La Manada la nueva ley de Irene Montero?

Al menos eso cree el abogado de los cinco condenados, Agustín Martínez, que ha visto una oportunidad para rebajar la pena de sus clientes en la nueva Ley de 'sólo sí es sí'. Asegura que "no es irracional, no es propaganda, que simplemente es el uso del derecho".

Sentencia a La Manada por el caso de Pozoblanco, en CórdobaEFE

El abogado de los cinco condenados de La Manada, Agustín Martínez, explica, que en el momento en el que se dictó la sentencia, el mínimo legal al que se enfrentaban sus clientes era de 14 años y 3 meses de prisión, pero con la nueva ley en la mano, el mínimo bajaría y sería de 13 años.

Los magistrados del Tribunal Supremo, en su día, precisamente argumentaron en la sentencia que la condena de 15 años de cárcel "se encuentra muy próxima al mínimo legal". Y ese es exactamente el resquicio legal al que se agarra el letrado para plantearse estudiar una posible revisión de la pena de los condenados: el mínimo legal, con el nuevo texto, es menor.

La nueva Ley de 'solo sí es sí' aprobada el 30 de agosto aún no ha entrado en vigor y, por lo tanto, Agustín Martínez, de momento no se lo ha planteado a los familiares de los presos.

El letrado no entra a valorar la nueva ley porque, comenta, no quiere convertirse en un actor político. Sí que apunta a que en el nuevo texto sólo se produce un cambio nominal de los delitos, "ahora todo es agresión sexual", pero que siguen siendo las distintas penas las que marcan la gravedad del delito, y al respecto añade "los mínimos legales bajan, pero los máximos no se elevan".

Caso de La Manada

Los cinco integrantes de La Manada implicados en la violación grupal a una joven durante las fiestas de San Fermín en 2016, fueron condenados en 2018 por la Audiencia Provincial de Navarra a 9 años de cárcel por abuso sexual. Meses después, tras el recurso de la Fiscalía y la acusación particular, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificaba la misma sentencia. Ya en 2019, el Tribunal Supremo elevaba la pena a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y dos agravantes, actuar en grupo y trato vejatorio.

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