Gobierno
El Gobierno se cansa de esperar y toma la iniciativa. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará los nombramientos de ambos excargos.
Los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia Laura Díez son ya casi una realidad. En el Consejo de Ministros que se celebra en el día de hoy, se aprobarán sus nombramientos como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, según ha adelantado El País.
Ya se había manifestado con anterioridad la intención del Gobierno de nombrar a estos dos candidatos al Constitucional sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial escogiera a otros dos que completasen el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación. Sin embargo, no está claro que la Constitución permita más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).
A pesar de esta iniciativa por parte del Gobierno, será el TC quien decida si ambos exministros toman posesión sin que haya decisión sobre los dos que elige el CGPJ, actualmente bloqueado. Juan Carlos Campo y Laura Díez sustituirían a Pedro González Trevijano y a Antonio Narváez, ambos designados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 y que agotaron su mandato de nueve años el pasado mes de junio.
Las últimas negociaciones sobre el CGPJ
El pasado mes de octubre, la negociación entre el Gobierno y el Partido Popular parecía encaminarse a una solución para renovar las instituciones: Moncloa y Génova pactaron que los jueces y magistrados que fueran nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrían regresar al juzgado en el plazo de dos años. Con ello, mantendrían el sueldo y la categoría, pero se quedarían desempeñando funciones administrativas en órganos del Estado durante ese periodo. Sin embargo, el fin de las negociaciones por parte del PP impidió tal acuerdo, y es ahora cuando el Gobierno toma la iniciativa para agilizar la renovación del Constitucional.
Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez. Esto configuraría una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.
Juan Carlos Campo y Laura Díez
Tras la remodelación de Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo salió del Gobierno. Por aquel momento, Sánchez decidió prescindir de sus servicios en el Ministerio de Justicia para poner en su lugar a Pilar Llop, actual ministra de Justicia.
Una vez formalizado su cese como ministro de Justicia, Campo solicitó su reincorporación a la Audiencia Nacional para ocupar su plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, funciones que retomó el septiembre de 2021.
En el caso de Laura Díez, la exasesora ocupó hasta el pasado mes de abril el cargo de Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática tras haber pasado por el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Podemos clama por la elección de Juan Carlos Campo y Laura Díez
En Podemos no ha sentado nada bien los nombramientos del exministro y la exasesora y lo ven como un contrasentido. "Es un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rosell y, en cambio, se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del partido socialista a un tribunal", ha expresado Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, en referencia al veto de Rosell, según Echenique, "por presentarse en su día a las elecciones en las listas de Podemos".
La oposición también ha criticado la decisión con dureza. "De cumplir órdenes en la Moncloa a cumplir órdenes en el Tribunal Constitucional", ha dicho Edmundo Bal, homólogo de Asens en Ciudadanos. Iván Espinosa de los Monteros, por su parte, ha manifestado que el PSOE no tiene "ningún respeto" por las instituciones. En esa misma línea ha ido Cuca Gamarra, que considera que "se ha nombrado a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional".