Montero se desmarca del expresidente de SEPI y asegura no tener "ningún contacto" desde hace seis años

El miércoles, la Guardia Civil detuvo, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos, a Leire Díez y a Vicente Fernández, este último expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía. Este, que fue una de las figuras de confianza del Gobierno durante su etapa al frente de la entidad pública, vuelve así a estar en el foco judicial tras su implicación anterior en el caso Aznalcóllar, del que fue absuelto.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado este jueves en el Congreso para desvincularse por completo del ex directivo. "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico en SEPI (...) y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", ha afirmado.

Recalcó que hace seis años que no mantiene ningún tipo de relación con Fernández, subrayando que ni siquiera existen vínculos personales o sociales entre ambos, en ningún sentido: "Ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos".

La ministra quiso destacar que, en el momento de su nombramiento, el "perfil profesional" de Fernández "avalaba" su designación al frente de la SEPI. "Tiene toda una trayectoria trabajando en la Junta de Andalucía, su perfil profesional avala su nombramiento", insistió. Según recordó, Fernández había sido interventor general de la Junta y miembro del Cuerpo de Letrados, cargos que, en su opinión, justificaban su idoneidad para dirigir la entidad pública empresarial.

En cuanto a la investigación abierta por la Guardia Civil, Montero señaló que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario. Por ello, dijo desconocer tanto las actividades concretas bajo sospecha como el periodo exacto al que se refieren las presuntas irregularidades. Sin embargo, apuntó que, según la información publicada en los medios, "todo lo de (la empresa) Servinabar (propiedad del empresario Antxon Alonso, también detenido) es posterior a su salida de la SEPI".

El Gobierno colabora

Montero también ha querido poner en valor la cooperación del Ejecutivo con los juzgados ante cualquier investigación que afecte a antiguos cargos públicos. Según ella, el Gobierno está colaborando con la justicia y respondiendo rápido a todos los requerimientos para que "respondan ante la justicia todos los que estén implicados en una trama o hayan cometido un delito".

Durante años uno de los colaboradores más cercanos de Montero, hasta el punto de convertirse en su "mano derecha" en la Junta de Andalucía. En ese periodo, asumió responsabilidades en la Intervención General de la Junta entre febrero de 2016 y junio de 2018.

Posteriormente, entre junio de 2018 y octubre de 2019, el detenido presidió la SEPI. Sin embargo, su salida se de dio al dimitir tras ser imputado por un presunto amaño en la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a la sociedad México-Minorbis. Posteriormente, fue absuelto junto con el resto de los acusados.

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