España
El Ministerio de Igualdad vuelve a ser noticia después de que se haya lanzado una campaña para "un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética" contra los cuerpos de las mujeres. Las reacciones no se han hecho esperar, y una amplia mayoría de personas ha criticado la campaña, viéndose en una imagen a mujeres totalmente diferentes, tanto a nivel físico como en forma de vestir, y una incluso que no lleva sujetador y tiene el pecho al aire.
Mayor ha sido la polémica tras saberse que el coste total de la campaña ha sido de 84.500 euros. El objetivo del contrato, según indica el Gobierno de España, era un "servicio para el diseño de la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización contra los estereotipos de género basados en los cánones de belleza femeninos, dirigida a la población general", que, en un principio, se estimaba en un valor aproximado de 100.000 euros.
La adjudicación del contrato se hizo oficial el pasado 21 de marzo, pero no fue hasta este pasado miércoles cuando la campaña salió publicada oficialmente, y tuvo diversas reacciones, aplaudidas fervientemente por el colectivo feminista, y criticado por la oposición, que, en su mayoría, ha tildado de "innecesario" el gasto. El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, fue el órgano de contratación de esta campaña.
No es la única polémica del ministerio de Igualdad
Esta campaña ha sido la segunda polémica en tan solo 24 horas, después de que el pasado sábado 23 de julio, se celebrara un festival de la Diada LGTBI+ en el municipio catalán de Ripollet que estaba financiado parcialmente por el Ministerio de Igualdad. En dicho acto, una drag queen se subió al escenario y golpeó con un bate a dos maniquíes que tenían los rostros de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Además, el pasado martes, el Ministerio de Igualdad anunció un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la instalación de los llamados 'puntos violetas' en estaciones, trenes, aeropuertos y puertos de todo el país. El acuerdo tiene una duración de cuatro años y también garantiza la creación de una "guía de actuación frente a la violencia machista", para explicar la utilidad de los puntos violetas.