Amnistía
García Ortiz rechazó dos solicitudes del Senado para realizar el informe.
Seis vocales del Consejo Fiscal se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han elaborado un informe sobre la proposición de ley de amnistía. García Ortiz rechazó dos solicitudes del Senado para realizar el informe. Ahora, la mayoría conservadora presenta un borrador de 160 folios y se espera que lo debatan en el próximo pleno del órgano. El fiscal general del Estado lo rechazó porque lo consideraba inviable.
La mayoría del Consejo Fiscal se han mostrado en contra del argumento de García Ortiz de que ellos no son competentes para informar al Senado. Junto al informe lanzan un comunicado que califica de "inconcebible" la actuación por parte del jefe del Ministerio Público. El documento denuncia la "ocultación" al Consejo Fiscal de las peticiones del Senado.
Álvaro García Ortiz defendió la proposición de ley "no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal". Sin embargo, la Asociación de Fiscales cree que la norma tendrá "una evidente afectación" en el ámbito funcional de la Fiscalía. En su informe, los vocales exponen sus argumentos sobre por qué la amnistía es inconstitucional: señalan que supone la quiebra del principio de separación de poderes, vulnera el principio de igualdad, implica el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y no cumple los requisitos constitucionales para tener validez como norma de carácter singular.
Los vocales piden que el debate del informe se incluya en el orden del día del Pleno del 25 de abril. Este borrador de los conservadores sostiene que la amnistía, supone -según el borrador- una "intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial". Señalan que la Constitución "no reconoce expresamente la figura de la amnistía".
Puntualizan que en este caso no concurre "el factor de falta de legitimidad democrática de las leyes de la dictadura, que justificó la aprobación de la amnistía preconstitucional de 1977". Remarcan que una concesión de un perdón como este "requiere un contexto político-social de transición de un régimen dictatorial o o autocrático a uno democrático".
Este borrador llega unas semanas después de otro informe crítico sobre la amnistía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Poder Judicial confirma que "ve inconstitucional" la amnistía. El CGPJ apruebó por nueve votos el crítico informe. El texto detalla que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Los vocales manifiestan que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.
Desde el CGPJ insisten en que la Ley de Amnistía socava el derecho a la igualdad y consideran que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario. Tampoco ven admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos. Asimismo, el texto esgrime que la norma vulnera el principio de separación de poderes.
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