POR PRESUNTAMENTE DEFRAUDAR HASTA 18 MILLONES DE EUROS
El presidente del Sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, presentó este mediodía en un juzgado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona una querella contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, a los que acusa de siete delitos por el presunto cobro de comisiones ilegales durante los 23 años en que Jordi Pujol governó la Generalitat, y por la ocultación de una fortuna en cuentas abiertas en paraísos fiscales.
En la querella, Manos Limpias asegura que existen indicios de que durante el mandato de Pujol "la administración catalana estuvo al servicio de al menos parte de la familia Pujol-Ferrusola" y de que empresarios pagaron comisiones del 3% por adjudicaciones de obras y servicios.
El sindicato calcula que el dinero defraudado por la familia con la comisión continuada de los delitos contra la hacienda pública, blanqueo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental oscilaría entre los 10 y los 18 millones de euros, y pide que se cite a declarar al matrimonio en calidad de imputados, y a sus hijos Jordi, Oleguer, Oriol y Marta como testigos.
El escrito se presenta después de que el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona exigiera al sindicato que transformara en querella su denuncia inicial a raíz de la confesión de que la familia tenía una herencia sin declarar en el extranjero y que el sindicato consigne 6.000 euros de fianza, que obtuvo en un día al iniciar una recolecta popular a través de las redes sociales.
Confesión bajo presión
Según Manos Limpias, con su comunicado explicando que tenía dinero sin declarar, Pujol "en ningún momento ha tenido la más mínima intención de confesar los hechos y todo su actuar durante años. Parece más bien una autoinculpación que nada tiene que ver con la figura de la confesión y que ha sido fruto única y exclusivamente del cerco policial y judicial".
En la querella se recoge que varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional, a la que pide que se incorporen a la causa, reflejan que se detectaron 137 millones de euros en una sola cuenta y que "CiU se quedaba con el 4% de cada obra o servicio que concedía a empresas privadas: de ese peaje el 2,5% se empleaba para financiar a CDC, y el otro 1,5% acaba en los bolsillos de sus dirigentes (familia Pujol)".
También argumenta que la unidad policial atribuye gran parte del dinero detectado en diversos paraísos fiscales al "cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras y servicios del ejecutivo autonómico catalán entre 1980 y 2003".
En el escrito se asegura que existen indicios de que el dinero defraudado, "cuyo origen pudiera ser el cobro de corretajes punitivos", se cobijó en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Liechtenstein, Jersey, Guernsey, Suiza y Andorra, y que el entramado societario vinculado a Pujol padre supera las 80 sociedades.
Se describe también que empresas de la familia de Jordi Pujol padre mantuvieron negocios con la Generalitat y obtuvo adjudicaciones: la empresa Hidroplant, de Marta Ferrusola; la consultora ambiental Entorn, de la familia; el despacho de arquitectura de Marta Pujol y las sociedades de los hijos Jordi, Oriol y Oleguer.
Dinero que no es herencia
Además, se considera que a esa primera salida de dinero obtenida supuestamente de la herencia del padre "se acumularon otras ingentes cantidades de dinero, provenientes de ingresos supuestamente obtenidos de manera ilícita, y que nada tienen que ver con masa hereditaria alguna".
Según Manos Limpias, hubo "numerosos empresarios que tuvieron que abonar el 3% de 'mordida", entre los que están José Antonio Salguero, Ignacio Sánchez y Miguel Angel Parejo, que el sindicato pide citar como testigos en el procedimiento.
También pide que declaren como testigos al empresario Carles Sumarroca por su "estrecha relación" con Pujol, siendo supuestamente beneficiario de contratos con la administración, y a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola María Victoria Alvarez, que denunció a este último por llevar bolsas llenas de billetes de 500 euros a Andorra.