Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla

Begoña Gómez entrega este miércoles su pasaporte en el juzgado en cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el juez Juan Carlos Peinado. La decisión se mantiene en vigor pese al debate abierto en el Consejo General del Poder Judicial sobre la actuación del magistrado y mientras la Audiencia Provincial de Madrid analiza los recursos presentados por la defensa.

La entrega del pasaporte se produce después de que el instructor acordara la retirada del documento, la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

La situación judicial del magistrado no alteró la ejecución de estas medidas. La posible apertura de un expediente disciplinario contra Peinado siguió una vía distinta a la del procedimiento judicial, por lo que no tuvo efectos sobre las decisiones adoptadas en la causa.

Fuentes jurídicas recordaron que la única instancia con capacidad para revocar las medidas cautelares era la Audiencia Provincial de Madrid, que tenía pendiente resolver el recurso presentado por la defensa de Gómez.

El debate llegó al CGPJ

Mientras las medidas continuaban vigentes, el Consejo General del Poder Judicial analizó el contenido del auto dictado por Peinado. La Comisión Permanente acordó trasladar el asunto al Promotor de la Acción Disciplinaria para que estudiara si los hechos podían encajar en una posible falta grave prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La decisión salió adelante por una mayoría ajustada y fue desbloqueada por el voto de calidad de la presidenta del órgano, Isabel Perelló.

El análisis disciplinario se centró en las referencias realizadas por el magistrado a una hipotética actuación de los escoltas de Gómez en relación con un posible plan de fuga, extremo incluido en la resolución judicial que motivó la adopción de las medidas cautelares.

Pendientes de la Audiencia de Madrid

La defensa de Begoña Gómez recurrió tanto la retirada del pasaporte como la obligación de comparecer quincenalmente y la prohibición de salir de España.

Sin embargo, la resolución de esos recursos quedó pendiente de la Audiencia Provincial de Madrid, que también tenía sobre la mesa otros asuntos relacionados con la investigación. Hasta que se produjera un pronunciamiento judicial, las medidas acordadas por el instructor permanecieron plenamente vigentes.

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