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LEY DE NIETOS

Un juzgado de Madrid admite a trámite una querella contra Sofía Puente por la Ley de Nietos

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha decidido admitir a trámite una querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación al aprobar la instrucción que ampliaba los supuestos para acogerse a la Ley de Nietos.

Imagen de Sofía Puente junto a Félix Bolaños Europa Press

Un juzgado de Madrid acuerda investigar las acusaciones de 'Hazte Oír' contra la hermana del ministro Puente, Sofía Puente, por la polémica instrucción que amplió los supuestos de nacionalización.

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha decidido admitir a trámite una querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente por un presunto delito de prevaricación al aprobar la instrucción que ampliaba los supuestos para acogerse a la Ley de Nietos. El juzgado ha descartado así la opinión de la Fiscalía, que se opuso a la querella.

Acuerdan "admitir a trámite la querella que en el precedente escrito formula en nombre y representación de Hazte Oír y las cuatro ampliaciones de querella presentadas". La jueza Inmaculada Lova Ruiz tiene por personada en la causa a Hazte Oír en "las sucesivas diligencias en el modo y forma previsto en la Ley, contra Sofía Puente Santiago, debiendo previamente presentar fianza de 1.000 euros", según el auto al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Sofía Puente no figura como investigada

El Juzgado solo ha abierto la causa y ha pedido información a otros juzgados porque no es la primera vez que se emprenden acciones legales contra Sofía Puente por hechos similares.

En 2022, recién aprobada la Ley de Memoria Democrática, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente hizo una instrucción para ampliar el margen para acogerse a la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. Para Hazte Oír, Sofía Puente no tenía competencias para impulsar un cambio así.

Las dudas respecto a que muchos de los nuevos españoles fuesen realmente represaliados han provocado que el Supremo haya suspendido su derecho al voto para ellos. La Guerra Civil Española tuvo lugar entre 1936 y 1939. Le siguió la dictadura franquista hasta 1975, pero ampliar la norma hasta 1955 generó las dudas respecto a si muchos de los nuevos nacionalizados descienden de exiliados por razones políticas o si su salida de España tuvo que ver con motivos económicos.