Caso David Sánchez
El hermano del presidente ha renunciado a la última palabra y el que fue presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha detallado que lo "único que hemos hecho es no tener las mismas ideas políticas que las acusaciones populares".
El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los once acusados.
En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercerla, el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que la "única culpabilidad" de los once acusados es "no tener las mismas ideas políticas que las acusaciones populares". Entre esas acusaciones populares se sitúan las del PP, Vox y Hazte Oír.
Para el que fue presidente de la Diputación de Badajoz, para quien piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario porque, según él, solo buscan "el juicio mediático paralelo".
Además, ha afirmado que las acusaciones populares "han ganado el juicio socialmente".
Por su parte, han intervenido en su derecho de última palabra tanto el que fue diputado provincial de Cultura, Francisco Martos, como el actual, Ricardo Cabezas. También lo han hecho el director de esta misma área, Manuel Candalija, y el funcionario Félix González.
Precisamente, ha sido González el que ha reconocido "el calvario" que ha pasado refiriéndose al juicio en sala. Sobre el mediático, ha detallado que no se lo merece. Esas palabras han sido respaldadas por Candalija al criticar "el acoso mediático" al que se ha visto sometido.
Tanto Martos como Cabezas han defendido la labor de las Diputaciones provinciales a la hora de extender y apoyar la cultura en los municipios. Martos ha manifestado ante la sala lo siguiente: "Me veo aquí, en el banquillo de los acusados, y no lo acabo de entender".
Antes de esto, Salvador Morillas ha expuesto en su informe que las únicas pruebas relacionadas con su cliente son exclusivamente para dictar una resolución absolutoria. Morillas es el letrado de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de 'jefe de actividades transfronterizas' en la Diputación.
Carrero, el único candidato que optó a dicha plaza, la cual ocupó en enero de 2025, es uno de los once acusados en este juicio. Para él, las acusaciones populares piden hasta un año y seis meses de cárcel, además de nueve años de inhabilitación.
Ante la falta de pruebas de cargo, Morillas ha afeado a las acusaciones populares por su "actuación temeraria" de tipo "político mediático".
Ha aseverado que carece de toda lógica que el puesto de su cliente se creara para satisfacer "los caprichos personales" de David Sánchez. Más allá de que el proceso de adjudicación del puesto fue "limpio como una patena y aprobado por el pleno provincial donde también estaba el PP", esta plaza "sigue hoy vigente y desempeñándose" por otra persona, lo que demuestra su idoneidad, ha añadido Morillas.
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