POR UN DELITO DE DESOBEDIENCIA

Un juez de Sabadell cita como investigada a la jefa de los Mossos de la Región Metropolitana Norte y a su número dos por el 1-O

El juez los citará para que declaren como investigados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, según concreta en la providencia. Además, el juez también pide que los Mossos identifiquen los teléfonos móviles que se entregaron a algunos agentes que se desplegaron el 1-O en la zona policial metropolitana norte.

Un juez de Sabadell (Barcelona) que investiga el papel de los Mossos d'Esquadra el 1-O ha acordado citar como investigada a la jefa de la Región Metropolitana Norte y ha requerido a la policía catalana que identifique los móviles que se facilitaron a algunos agentes para el día del referéndum.

En una providencia el titular del juzgado de instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona) ordena a los Mossos que identifiquen a la comisaria Cristina Manresa, jefa de la región policial Metropolitana Norte de Barcelona, y a su número dos, el intendente Xavier Creus, para poderles citar como investigados por un delito de desobediencia, a raíz de las declaraciones de varios testigos e imputados en la causa.

Además, el magistrado ha ordenado a los Mossos que acrediten la "preexistencia" de los móviles que, según declararon otros investigados en el procedimiento, fueron entregados a agentes de la policía catalana desplegados durante el 1-O, así como que acrediten su titularidad y qué teléfonos se entregaron a cada patrulla.

El juez, que mantiene imputados entre otros a un inspector, un subinspector y al jefe de la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), abrió una causa por desobediencia a raíz de una denuncia por supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra en la región policial del norte de Barcelona durante el 1-O.

El magistrado imputó a estos mandos después de que varios agentes desplegados el 1-O que están investigados en distintos juzgados catalanes por supuesta pasividad a la hora de impedir el referéndum alegaran que la cúpula les "dejó vendidos", ya que aseguran que acudieron en parejas a puntos de votación, llenos de gente, sin apoyo a unidades de orden público, sin cintas para precintar, ni vehículos para llevarse las urnas.

A raíz de las declaraciones de los responsables policiales ya imputados, así como de varios testigos, el juez ha acordado, en una resolución firmada el pasado 23 de marzo pero notificada el pasado 4 de abril, que la policía catalana identifique a los mandos que en declaraciones previas en la causa fueron señalados como la "jefa de región Cristina Manresa" y "subjefe o intendente Xavier Creus".

Una vez que los Mossos certifiquen que estas personas son la jefa de la región Metropolitana Norte, la comisaria Cristina Manresa -que accedió a este puesto el pasado mes de mayo- y su número dos, Xavier Creus, el juez los citará para que declaren como investigados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, según concreta en la providencia. Además, el juez también pide que los Mossos identifiquen los teléfonos móviles que se entregaron a algunos agentes que se desplegaron el 1-O en la zona policial metropolitana norte.

Según han informado fuentes de la investigación, durante el 1-O los Mossos enviaron a los centros de votación, para reforzar el dispositivo policial, a 17 agentes adscritos a la sala regional de mando, que en su dotación no disponen de la emisora de comunicación que sí tienen los agentes de otras unidades. Ante esta situación, los Mossos pudieron obtener un máximo de quince emisoras para facilitarlas a la mayor parte de los efectivos de refuerzo, por lo que a los otros agentes les entregaron teléfonos móviles titularidad de la Generalitat, para que se pudieran mantener en contacto con la sala de mando.

Varios juzgados catalanes mantienen abiertas investigaciones sobre la función de los Mossos d'Esquadra el 1-O, de forma paralela a la causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que la juez Carmen Lamela ha procesado por sedición al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, al ex secretario general de Interior César Puig y al exdirector de la policía autonómica Pere Soler.

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