El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado enviar al banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora María Cristina Álvarez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Peinado mantiene la petición de que Begoña Gómez se enfrente a un juicio ante un jurado popular por cuatro delitos, mientras que el magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación. La Audiencia de Madrid ya rechazó la posibilidad del jurado popular aunque es muy probable la tenga que volver a examinar.

El juez que instruye la causa ha rechazado prorrogar más la investigación que se inició hace dos años en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés solo por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.

En su escrito, de 38 páginas contra el que no cabe recurso, el juez hace alusión "a regímenes absolutistas" y a Fernando VII al aludir al presunto uso de Begoña Gómez de su papel como esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio.

Las razones de Peinado para procesar a Gómez

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense y afirma que no encuentra un supuesto similar en democracia.

Sostiene también que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional". Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir, apunta el magistrado

En cuanto al delito de corrupción, considera que fue "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal". Para ello, ofrecería como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas, todas ellas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública.

Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra "pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".

También propone Peinado juzgar a Gómez y a Cristina Álvarez por malversación por los servicios prestados por la segunda a la primera como asistente personal siendo funcionaria retribuida con fondos públicos asociados a Presidencia del Gobierno.

Considera que Gómez fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío" de dinero, pues "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto".

El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en la cátedra de Transformación Social Competitiva. Archiva por el contrario el procedimiento en relación con el quinto delito, el de intrusismo, por la firma de Gómez de un pliego de condiciones, aunque cuestiona que la Complutense -"tan rigurosa para algunas cuestiones administrativas-" en este caso se limita a afirmar que puede firmar cualquier responsable de la cátedra".

Bolaños: "El daño será irreparable"

Prácticamente al instante de conocerse la decisión del juez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado contrariado ante la prensa: "Ha hecho daño al buen nombre de la justicia y el daño será irreparable... Me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta qué ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, que dice que no hay nada".

Reclama en su defensa que la resolución se sustenta en "conjeturas y olvidos"

Días antes, la defensa de Begoña Gómez, había recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que su causa sea juzgada por un jurado popular, al considerar que se trata de una resolución "contraria a Derecho" y que se sustenta en "conjeturas" y "olvidos".

Su abogado, Antonio Camacho, criticaba el auto del juez al afirmar que la investigación gira, en realidad, a la condición personal de Begoña: "la única conclusión" es que se la investiga "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

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