Bolaños
El Gobierno cuestiona la decisión judicial y la oposición acusa a Moncloa de presionar a la Justicia.
La decisión judicial que afecta a Begoña Gómez ha abierto un nuevo frente político e institucional. La reacción del Ejecutivo ha ido más allá de la discrepancia habitual con resoluciones judiciales y ha derivado en críticas directas al instructor del caso, lo que ha intensificado el enfrentamiento con la oposición.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado públicamente su rechazo a la actuación del juez encargado del procedimiento. En sus declaraciones, ha asegurado que la resolución "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y también "a muchos jueces y magistrados".
Desde Moncloa se ha optado por una posición que cuestiona el fondo de la decisión judicial. Fuentes del entorno gubernamental defienden la inocencia de Begoña Gómez y consideran que el proceso responde a circunstancias que generan dudas. No esconden la indignación con la decisión del juez y creen que "no es casual" puesto que la mujer del presidente se encuentra en un viaje oficial con Pedro Sánchez.
En este contexto, el Ejecutivo mantiene su línea de actuación iniciada tras conocerse las primeras diligencias, con críticas al desarrollo de la instrucción. Además, el propio ministro ha dado por hecho que instancias superiores revisarán la resolución adoptada.
Las declaraciones de Bolaños han provocado una reacción inmediata en los partidos de la oposición. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de "socavar el Estado de derecho" y ha reclamado la dimisión del ministro.
"Quienes sentimos vergüenza somos los españoles al ver a un Gobierno que ataca, insulta e intenta atemorizar a los jueces", ha afirmado. En la misma línea, otros dirigentes del partido han criticado lo que consideran un "ataque" al poder judicial.
También la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha señalado que el Ejecutivo "traspasa los límites a diario" y ha cuestionado la actitud del ministro hacia el juez instructor.
El debate se extiende al resto del arco parlamentario. Desde Vox, sus representantes consideran que este caso forma parte de un proceso más amplio y advierten de que se trata de "la punta del iceberg".
Por su parte, distintas voces del ámbito político han vinculado el momento de la resolución con otros acontecimientos recientes, mientras que el Partido Popular ha puesto el foco en los delitos que se investigan y en la situación procesal de Begoña Gómez.
El cruce de declaraciones refleja un aumento de la tensión entre el Ejecutivo y la oposición en torno al papel de la Justicia. Mientras el Gobierno cuestiona la instrucción, la oposición insiste en la necesidad de respetar las decisiones judiciales.
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