DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a otros 78 usuarios de las tarjetas opacas ("B") de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y ha llamado a declarar el próximo febrero a 27 de ellos. En un auto notificado hoy, Andreu convoca para el día 16 de ese mes a 10 de ellos: José Antonio Moral Santín; José María Arteta; Juan José Azcona; Pedro Bedia; Rodolfo Benito; Gerardo Díaz Ferrán; Ramón Espinar; Guillermo R.Marcos; Gonzalo Martín Pascual e Ignacio de Navasqües.
Un día después, deberán comparecer Jesús Pedroche; Alberto Recarte; José María de la Riva; Antonio Romero; Ricardo Romero de Tejada; Estanislao Rodríguez Ponga; Francisco Baquero; José Manuel Fernández Norniella; Mercedes Rojo y Virgilio Zapatero. Por último, el día 18 están citados María Enedina Álvarez; Luis Blasco; María del Carmen Cafranga; Arturo Fernández, Jorge Gómez, Javier López Madrid y José Ricardo Martínez Castro.
Además, Andreu ha decidido citar como testigos el 20 de febrero al expresidente de Jaime Terceiro, bajo cuyo mandato situó Blesa el origen de las tarjetas; a los cuatro exdirectivos que nunca las usaron, que fueron Francisco Verdú, Féliz Manuel Sánchez, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera, así como al director corporativo de Auditoría Interna de Bankia que destapó el escándalo, Iñaki Azaola.
También ha llamado para ese día en calidad de testigo al que fuera secretario del Consejo, Enrique de la Torre, que sin embargo fue beneficiario de una visa a la que cargó 304.818,36 euros. Según su resolución, "lo fundamental" es "dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos", de ahí que distinga entre los administradores y los directivos.
Andreu considera que existen "serias dudas" sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas, por lo que quiere aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida. Según explica en su auto, si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe sin embargo soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido.
Recuerda, además, que se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación. Ello convirtió "su entrega en una remuneración irregular", de forma que con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta. Todo ello teniendo en cuenta que, según informó Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa, por lo que duda de que se trataran de tarjetas de empresa.
Sin embargo, de llegar a considerarlas como una retribución, tal y como apuntaron los tres imputados que ya declararon, el juez tampoco entiende por qué algunos de los titulares no llegaron a utilizar su visa o por qué la mayoría no llegó a agotar el saldo que tenía asignado. Un saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una "dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho". Por último, también pregunta a Bankia y la fundación Caja Madrid que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, con indicación de los importes.