Congreso de los Diputados
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se reunirán la próxima semana en el Congreso para lograr un pacto que permita sustituir el término "disminuidos" de Constitución por "personas con discapacidad". El cambio depende de una reforma de la Carta Marga.
En un año en el que las elecciones autonómicas, municipales y generales eclipsan el debate político. Y con una relación entre Gobierno y oposición resentida tras su último, e infructuoso, intento de alcanzar un acuerdo que permitiera renovar el Consejo General del Poder Judicial, Partido Socialista y Partido Popular parecen dispuestos a pactar una reforma de la Constitución.
Con el propósito de establecer los principios rectores de la política española, la Constitución establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos". Su redacción tiene cuatro décadas. El paso del tiempo ha hecho que todos los grupos parlamentarios consideren oportuno quitar definitivamente el término "disminuidos" y sustituirlo por otro menos despectivo como, por ejemplo, "personas con discapacidad".
Una reforma pactada por todos y aparcada durante cinco años
Hace más de 5 años, todos los partidos del Congreso pactaron una iniciativa para eliminar la palabra "disminuidos" del artículo 49 de la Carta Marga. El proyecto arrancó en 2018 tras el acuerdo de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja pero el anticipo de las elecciones generales y la disolución de las Cortes Generales dejó la reforma en un cajón.
En 2021, ya durante esta legislatura, el Gobierno reactivó el plan bajo la tutela de la entonces vicepresidenta socialista Carmen Calvo. Sin embargo, las sucesivas prórrogas para presentar enmiendas al proyecto de ley han sido constantes hasta finales del pasado 2022. El plazo ha llegado a prorrogarse casi sesenta veces hasta el pasado 20 de diciembre cuando la Mesa del Congreso decidió continuar el trámite parlamentario.
La reforma constitucional queda ahora en manos de socialistas y populares, ya que cualquier cambio en la Constitución, por mínima que sea, tiene que aprobarse por una mayoría de tres quintos. Eso obliga a PSOE y PP a ponerse de acuerdo. La reunión que mantendrán la próxima semana los dos grupos tiene el objetivo de alcanzarlo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, han acordado verse el próximo miércoles 25 en la Cámara baja.
El PNV quiere introducir el "derecho a decidir" en la Constitución
El PNV, uno de los socios del Gobierno de coalición, ha aprovechado la iniciativa para presentar una enmienda en la que busca introducir en la Constitución el derecho a decidir del País Vasco. Compromís, otro aliado habitual del ejecutivo de Pedro Sánchez, reclama recuperar el derecho civil valenciano contemplado en la reforma de su Estatut del año 2006 y que fue frenado por el Constitucional. Junts pide limitar las competencias del Tribunal de Cuentas y desde la oposición, Ciudadanos, exige la recentralización de competencias autonómicas.
Podemos, que prometió en 2017 que no habría ninguna nueva modificación sin que la participación de toda la ciudadanía en un referéndum (aunque sólo se tocara un artículo), mantiene por el momento un perfil bajo. Esta misma semana, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, rechazó esta antigua pretensión del ex líder de la formación morada, Pablo Iglesias.
El PP exige garantías de que no se "utiliza" la reforma
Ante las pretensiones de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, fuentes del Partido Popular a Antena 3 Noticias, avisan de que la reforma de la Constitución debe "limitarse" a cambiar el término “disminuidos. Los populares quieren asegurarse de que "ninguna fuerza política utilice la discapacidad para intentar una reforma de otros preceptos constitucionales que ni responda al interés general ni esté justificada en estos momento, un riesgo cierto vistas las enmiendas ya presentadas", explican.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cree que lo importante es que el Partido Popular pase de las palabras a los hechos. Defiende que la reforma es importante para dignificar los derechos a las personas con discapacidad. Bolaños asegura que lo "imprescindible" es que los dos grupos hablen y permitan esta reforma "con consenso y acuerdo".