Justicia
El exfiscal general del Estado está condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso. La presidenta madrileña ve esta petición como una "burla a la ley".
El Gobierno comienza a tramitar, a través del ministerio de Justicia, las primeras peticiones de indulto para Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado.
Se trata de una primera petición de indulto que han efectuado dos particulares y que el ministerio de Justicia ha trasladado al Tribunal Supremo para que se pronuncie al respecto.
García Ortiz está condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra Alberto González Amador al atribuirle el Supremo la filtración de un mail donde el novio de Isabel Díaz Ayuso confesaba un delito fiscal.
El Gobierno pide al Tribunal Supremo, el órgano que lo declaró culpable, que emita un informe sobre esa primera petición de indulto.
En caso de prosperar la petición, el Rey sería quien tendría la última palabra sobre conceder o no el indulto a García Ortiz después de ser propuesto por el ministerio de Justicia y deliberado en el Consejo de Ministros.
Además de la inhabilitación de dos años, el Supremo también condenó a García Ortiz a una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a González Amador, cuyo juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental no se celebrará hasta 2027, después de las elecciones autonómicas, por la saturación en los juzgados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y novia de una de las partes implicadas en el asunto, no ha tardado en reaccionar a la primera petición de indulto al exfiscal tramitada por el Gobierno, catalogándola como una "burla a la ley".
Ayuso asegura que, con esta petición de indulto, Pedro Sánchez quiere "mandar un mensaje" al Tribunal Supremo. "Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos: nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado", ha declarado la presidenta madrileña.
Asegura que España vive una "situación inédita" en la que el presidente del Gobierno "se ha situado abiertamente por encima de la ley".