Pactos
El acuerdo, que aún tiene que ser aprobado, prorroga el impuesto extraordinario a las grandes energéticas y bancos.
El Gobierno ha logrado un acuerdo de última hora con ERC, EH Bildu y BNG para prorrogar el impuesto extraordinario a las grandes energéticas y bancos durante 2025. Este pacto ha sido clave para mantener vivo el proyecto de ley que traslada la directiva europea que impone un tipo mínimo del 15% para las multinacionales. Sin embargo, la aprobación definitiva va a depender del voto del Congreso este jueves, lo que mantiene en el aire el futuro de la reforma fiscal.
Tras una jornada de intensas negociaciones en la Comisión de Hacienda del Congreso, el Ejecutivo de coalición consiguió el apoyo de las formaciones. El acuerdo incluye, además de la prórroga del impuesto a las energéticas, un ajuste en la tasa para los grandes bancos, cuya recaudación será gestionada por las comunidades autónomas y las haciendas forales del País Vasco y Navarra.
No obstante, este pacto ha generado un gran desconcierto al contradecir el acuerdo previo del Gobierno con Junts, que exigía la eliminación del impuesto a las energéticas. En un comunicado posterior, el Ministerio de Hacienda aclaró que el tributo no se aplicará a las empresas que demuestren un compromiso efectivo con la descarbonización, un matiz que busca poder reconciliar ambas posturas.
El camino hacia la aprobación de la reforma está lleno de obstáculos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido que su apoyo está condicionado al mantenimiento firme del impuesto a las energéticas. "Sin garantías, esto es solo papel mojado", señaló a través de sus redes sociales, lo que añade incertidumbre sobre el resultado del pleno del jueves.
Junts, por su parte, es quien tiene la última palabra en esta decisión legislativa. La formación de Carles Puigdemont ha adoptado una posición ambigua ya que ha apoyado el proyecto en la Comisión de Hacienda pero no han asegurado su voto en el Congreso. Esta postura podría asemejarse a otros episodios previos, como en las votaciones del techo de gasto, donde su negativa tumbó algunas propuestas clave del Gobierno.
A pesar de las tensiones, la Comisión de Hacienda aprobó varias enmiendas importantes. Entre ellas, destaca la subida del IRPF del 28% al 30% para las rentas superiores a 300.000 euros y el aumento de los impuestos al tabaco y vapeadores, medidas destinadas a incrementar la recaudación estatal.
Además, se introdujeron cambios normativos que buscan combatir el fraude fiscal en el sector de hidrocarburos y mitigar los efectos de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de algunas reformas previas del impuesto de sociedades. Del mismo modo, se aprobó una reducción del impuesto de sociedades para pequeñas cooperativas y nuevas reglas de fiscalidad para los alquileres turísticos.
Que se haya producido un retraso en la aprobación de la reforma fiscal podría acarrear algunas sanciones de la Unión Europea y comprometer la llegada del quinto desembolso de los fondos europeos, que está ligado a esta legislación. Además, una negativa en el Congreso supondría un revés político significativo para el Gobierno en un momento clave de la legislatura.
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