Gobierno
El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley que tratará de proteger a las personas que denuncien prácticas corruptas de empresas y administraciones.
Las personas que denuncia prácticas corruptas en empresas o en la administración contarán con protección. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy martes un proyecto de ley que remitirá al Congreso de los Diputados.
"La lucha contra la corrupción es una labor ética de todos", expresaba así el proyecto la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido la encargada de detallar en qué consiste esta nueva ley.
La ley crea una Autoridad administrativa independiente para "cubrir los huecos que quedan en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción", ha explicado la ministra Llop. Quien denuncie podrá recurrir directamente a esa autoridad, pero las empresas de más de 50 empleados, las administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban fondos públicos deberán crear canales internos para recoger las denuncias, que podrán ser anónimas y deberán responderse en una plazo de tres meses, prorrogable.
Sanciones para las entidades que intenten "dañar" a la persona
El Gobierno recoge en la ley sanciones de hasta un millón de euros para aquellas empresas y entidades que traten de dañar a la persona que interponga la denuncia y con la finalidad de ofrecerle una protección "eficaz y efectiva". La sanción será de 300.000 euros si se trata de una persona física.
No solo se protegerá con sanciones económicas. También recogen amonestaciones públicas o la prohibición de recibir subvenciones, de contratar con la administración pública o de obtener beneficios fiscales.
También se establece garantías contra las "delaciones espurias" que puedan dañar la reputación y se sancionará así a las personas que acudan a estos canales con información falsa sabiendo que es falsa.