El Gobierno impulsa la regularización de inmigrantes y reabre el choque político: "No vamos a ceder ni un milímetro"

La aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes ha activado una nueva confrontación política en el Congreso. El Ejecutivo defiende la medida como una respuesta a una demanda social, mientras la oposición cuestiona su alcance y anuncia acciones legales. La iniciativa, pactada en el seno de la mayoría de investidura, ha generado un reposicionamiento de los partidos y ha consolidado dos bloques enfrentados.

Desde el Gobierno se presenta como un paso necesario. Fuentes del Ejecutivo la definen como "una cuestión moral", mientras otros como "uno de los grandes hitos de la historia", subrayando que responde a una demanda que "ha sido demandado por actores que poco o nada tiene que ver con el gobierno, la iglesia o la patronal". En esta línea, defienden que "no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de los valores de la humanidad de un cristiano".

Apoyo en la izquierda y matices entre socios

El acuerdo ha contado con el respaldo de fuerzas como Podemos, que reivindica su papel en la negociación. Desde esta formación se sostiene que "el método Podemos fnciona", al tiempo que se pone el foco en el impacto social de la medida, que afecta a más de 500.000 personas.

Sin embargo, no todos los socios comparten el mismo enfoque. Junts ha marcado distancias y ha rechazado el contenido del decreto. La formación reclama cambios estructurales y defiende que "no es la solición, Reclamamos competencias plenas". Este desacuerdo introduce tensiones dentro del bloque que respaldó la investidura.

Rechazo frontal de la derecha

En el otro lado del hemiciclo, el Partido Popular ha endurecido su posición respecto a la tramitación inicial, cuando optó por la abstención. Ahora, los populares se sitúan en el rechazo junto a Vox. Desde el entorno del Gobierno critican este giro y aseguran que "el PP más desubicado de la historia"; "Feijóo y el PP han apostado por el miedo, por el odio".

Por su parte, el PP defiende un modelo alternativo y califica la medida como "inhumana, injusta, insegura e insostenible". Además, advierte de que utilizará todas las vías disponibles para frenar su aplicación.

Vox, por su parte, eleva el tono y anuncia acciones inmediatas. La formación ha lanzado una campaña para alertar sobre las consecuencias de la inmigración y sostiene que "el gobierno consagra hoy la invasión". También ha confirmado que recurrirá el decreto.

Escenario abierto en tribunales y territorios

La respuesta no se limita al ámbito estatal. Algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, estudian recurrir la medida. Desde estos territorios se mantiene abierta la posibilidad de acudir a instancias judiciales para frenar su desarrollo.

La regularización abre así un doble escenario. Por un lado, su aplicación administrativa, que dependerá de la capacidad de gestión y de los plazos. Por otro, una disputa política que se traslada tanto a los tribunales como al debate institucional.

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