Protocolo abortos
El Ejecutivo actuará contra la Junta si intentan adoptar las nuevas medidas para las embarazadas que desean abortar.
El protocolo de abortos en Castilla y León anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, marca la agenda política y el cruce de acusaciones. El Partido Popular desautorizó a su vicepresidente y negó lo anunciado. "No se obligará a los médicos a nada", dijo el presidente Alfonso Fernández Mañueco. El Gobierno actuó y mandó un requerimiento a la Junta, que dijo rechazarlo en primera instancia. Ahora, el Ejecutivo asegura que el Gobierno autonómico lo ha acatado.
Sin embargo, tras nuevas declaraciones del portavoz del Ejecutivo regional sobre la intención de adoptar nuevas medidas para la atención de embarazadas que desean abortar, el Gobierno que dirige Pedro Sánchez avisa: actuará si las medidas se materializan. Moncloa ha comunicado que la Junta de Castilla y León remitió un escrito en el que notificaba que "no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno" respecto al protocolo de abortos.
El Gobierno considera que la comunidad autónoma "ha acatado formalmente el requerimiento". Moncloa explica que "este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos" del Gobierno "supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores".
Mañueco ve "constatada la mentira" del Gobierno
Tras el comunicado del Gobierno, Mañueco dice que el Ejecutivo "miente". Considera que "renunciando a ir al Tribunal Constitucional" contra la Junta "es la constatación de la mentira, el engaño, la manipulación y la sobreactuación" del presidente Pedro Sánchez. Así lo ha aseverado en declaraciones en Fitur 2023. "Quien fija la posición del Gobierno es el presidente".
El Gobierno advierte que actuará
En caso de continuar con un protocolo que podría socavar el derecho al aborto, el Gobierno actuará. El Ejecutivo ha revelado su "preocupación" tras las declaraciones del portavoz de la Junta en las que aseguraba que las medidas anunciadas de ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal y de hacer una ecografía 4D seguían adelante.
Estas declaraciones -dice el Gobierno- son "una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo". Se trata de una "circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va tolerar ni consentir" y advierte que "si pese al acatamiento formal del requerimiento remitido" la Junta de Castilla y León "materializa, por cualquier vía, su intención" de implementar el protocolo, "actuará",
El Ejecutivo "actuará como hasta la fecha, en defensa de sus propias competencias y del ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas las mujeres castellanoleonesas", dice la nota. "El Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas", advierten a Mañueco.