CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno ha aprobado la reforma de las leyes de protección a la infancia. Se quiere mejorar la atención a los menores en casos de abusos sexuales y cuando la madre sea víctima de violencia de género. También se busca agilizar los procesos de adopción y acogimiento. Entre otros aspectos se contempla la obligación de denunciar abusos sobre niños. En los casos en los que la madre sufra violencia por parte su pareja sus hijos serán considerados también como víctimas directas y por tanto protegidos como tal.
El Gobierno ha aprobado los proyectos de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia que reconocen como víctimas de violencia de género a los menores y agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los de menos de 3 años, permanezcan con una familia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno a los proyectos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado el contenido de la reforma que refuerza la protección del menor frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas 3.364 en 2013. Entre otras novedades, establece como requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.
El Ejecutivo refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados, de manera que las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante al menos 50 años, y contempla la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto son su familia biológica.
También modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que éstas conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha declarado como testigo en el juicio del caso Kitchen, en la Audiencia Nacional, en relación a los fondos reservados utilizados para financiar una operación supuestamente diseñada durante el gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Azcón se ha comprometido a "luchar con todos nuestros medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella" y ha asegurado que la prestación de ayudas y servicios públicos se hará cumpliendo "estrictamente la legalidad, y no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica".