Decreto vivienda
Sumar pretendía quemar todos los cartuchos para sacar adelante el decreto que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.
El Congreso ha derogado el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta, en respuesta a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. La norma cae por los votos en contra del PP, Vox y Junts, como estaba previsto. Además de esas tres formaciones, también ha votado en contra del texto UPN, mientras que el PNV se ha abstenido y el resto del hemiciclo ha votado a favor. El resultado final es de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones.
El decreto de vivienda que prorroga que los alquileres sigan congelados no contaba, en un principio, con los apoyos suficientes para salir adelante. Las formaciones de PP , Vox y Junts anunciaron que votarían en contra, y así ha ocurrido. Desde Sumar, el ministro de derechos sociales, Pablo Bustinduy, pedía al resto de partidos "que recapaciten, que reconsideren su postura". Porque la declaraciones de Yolanda Díaz hace unas semanas acusando a Junts de ser clasistas y racistas no gustaron nada a los independentistas y alejaron a un más las posturas entre ambas formaciones.
Sumar cambiaba de parecer y estaría dispuesto a ceder y a cruzar lo que hasta ahora habían sido sus líneas rojas. Así lo reconocía el ministro de cultura, Ernest Urtasun: "ustedes saben que las bonificaciones no es nuestro modelo, pero para hacer posible la prórroga estamos dispuestos a transitarla". Estas palabras llegaban después de que Junts pusiera sobre la mesa dos cuestiones: la rebaja del IVA para los pequeños autónomos y las bonificaciones para los caseros. Esto último choca de manera frontal con lo defendido con Sumar que ahora estarían dispuestos a aceptarlo a cambio de conseguir el voto a favor de los independentistas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado en el debate en el Congreso que el mercado de la vivienda en España se encuentra "secuestrado por lógicas rentistas y especulativas" que hacen "imposible" que los inquilinos encuentren una "alternativa viable" cuando venza su contrato de alquiler en los próximos años. "Limita y condiciona sus condiciones de vida", ha sentenciado. Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado los fondos buitre: "Tienen en sus manos las vidas de 100.000 personas que viven de alquiler en viviendas que la mayoría de estos fondos acumularon de manera espuria después de la crisis del año 2012", ha señalado.
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha justificado la abstención de su formación. Hace referencia a aspectos jurídicos como políticas, a la vez que reprocha al Ejecutivo el uso reiterado del decreto ley para hacer frente a una crisis que señala no es puntual, sino permanente. Marta Madrenas I mir, diputada de Junts, ha precisado que "para este real decreto ley había medidas muy necesarias y urgentes y no se las han ni planteado. Han optado por una medida más estética, que no crea ni una sola unidad de vivienda, ninguna de las personas que busca más alquiler va a encontrar más alquiler. No están resolviendo nada, solo maquillan una situación".
La votación se produce cuando el problema de la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado que casi el 70% de los jóvenes de menos de 34 años vive en casa de sus padres por no poder alquilar o comprar.
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