Cataluña
La Generalitat ha concedido el tercer grado a los nueve presos del procés, al aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas en las que cumplen condena para que pasen a este régimen de semi-libertad, cuya última decisión recae en el tribunal sentenciador, en su caso el Supremo.
Los nueve condenados, Carmen Forcadell, Dolores Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, acceden a la semilibertad y sólo deberán volver a la cárcel a dormir entre semana, pero se abre la puerta a la Fiscalía presente recurso.
Tercer grado para los presos
El equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima ha resuelto en tercer grado las clasificaciones de los miembros del Gobierno y la presidenta del Parlamento de la XI legislatura; al igual que en el caso de los líderes de las entidades soberanistas Òmnium y ANC en el momento del referéndum del 1 de octubre.
De este modo, Carmen Forcadell; Puig de les Basses (Figueres), en relación con Dolores Bassa; y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), en relación con Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Los equipos de los respectivos centros penitenciarios han notificado las resoluciones.
Los presos podrán salir por el día y deberán regresar por la noche para dormir en la cárcel correspondiente. También disfrutarán de los fines de semana libres, abandonando de prisión el viernes por la mañana y regresando el domingo por la noche.
Cabe recurso
Ahora, la justicia será quién se pronuncie sobre el nuevo régimen de los 9 presos del 'procés'. La decisión del tercer grado puede ser recurrida por la Fiscalía, primero ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en caso de que la ratifique, ante el Supremo. Mientras tanto, los presos del 'procés' tendrán el tercer grado hasta que resuelvan los recursos en el juzgado.
Los presos del proces se acercan así a la total libertad aunque la última palabra siempre la tendrá el Tribunal Supremo, que fue quien emitió la sentencia condenatoria a los acusados con penas de entre 9 y 13 años.