COMPRUEBAN SI AMBAS PARTES HAN APLICADO SUS RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS EN LA VERJA
Su objetivo es comprobar si tanto España como el Reino Unido han aplicado las recomendaciones de Bruselas para superar los problemas en la verja de Gibraltar. Para ellos, siete funcionarios de la UE han iniciado hoy una visita a la Roca.
Siete funcionarios de la UEhan iniciado hoy lavisita a la verja que separa España de Gibraltarpara comprobar si ambas partes han aplicado sus recomendaciones para superar los constantes problemas de este paso fronterizo.
Los funcionarios han sido recibidos por miembros del gobierno gibraltareño y han comenzado la jornada de trabajo recorriendo la parte de la frontera de la colonia británica.
Medio centenar de ciudadanos aguardaban en los aledaños de la aduana con pancartas en las que reclaman "una frontera humanitaria".Por la tarde, los funcionarios de la UEse reunirán con las autoridades españolasy recorrerán el lado español de la frontera.
Según fuentes comunitarias, esta segunda visita sucede a la misión que la CE envió a la zona el pasado septiembre, después de lascontinuas protestas que ambas partes remitieronpara quejarse de un lado Gibraltar de las colas que se producían en la verja por el endurecimiento de los controles de entrada y de otro España, del incremento del contrabando y la actividad delictiva fiscal en la zona.
Esta segunda misión de funcionarios de la CE, integrada por siete expertos en asuntos de Interior, Fiscalidad, Aduanas, Justicia y lucha antifraude, tratará de verificar si se han cumplido o no las tres recomendaciones que, tras la primera inspección, se les remitió a cada una de las partes.
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El ministro marroquí ha insistido en que ellos sí quieren que vuelvan los inmigrantes que entraron en España, tanto los mayores de edad como los menores. Pero que España no lo permite.
El debate se ha visto condicionado por el 'caso de MariCarmen', cuyo desahucio ha provocado una fuerte reacción política y social. El Gobierno sostiene que hay que evitar situaciones similares, mientras que el PP asegura que el futuro decreto no habría impedido su desahucio, y acusa al Ejecutivo de utilizar el caso políticamente.