Juicio Bárcenas
La Fiscalía concluye que los denominados 'papeles de Bárcenas' son reales, aunque no tienen un valor contable y que parte del dinero de la 'caja B' sirvió para pagar parte de la reforma de la sede de Génova.
La Fiscalía considera que los papeles de Bárcenas son reales, aunque duda del testimonio del extesorero del Partido Popular (PP). La fiscalía también ha concluido que el partido tenía una contabilidad 'b' con la que pagó parte de la reforma de su sede. El caso quedará visto para sentencia en los próximos días.
Antonio Romeral, fiscal del juicio, afirma que los ''papeles de Bárcenas' "sí son reales", aunque carecen de valor contable, "porque recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz".
Romeral ha querido señalar que "hay un hecho clave" por el que se está celebrando el juicio: la publicación de los 'papeles de Bárcenas'. "Y nos preguntamos lógicamente si esos documentos son reales, si su existencia temporal es compatible con la información que contienen y, de serlo, nos preguntamos, si esos datos son reflejo de hechos y acontecimientos reales y cual es su trascendencia penal", ha explicado.
"Vaya por delante que la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales", ha afirmado, porque en ellos se expresan "en letra y guarismo, las anotaciones de Luis Bárcenas", a lo que se suman los contenidos digitales que éste aportó a la causa, que reflejan "una serie de acontecimientos" que se han comprobado que "al menos una parte si son reales".
El fiscal Anticorrupción rechaza la aplicación a Luis Bárcenas de atenuantes y pide que sea condenado a cinco años de cárcel.
Declaración de Bárcenas
Al fiscal del caso le surgen algunas dudas sobre la declaración del extesorero, Luis Bárcenas, porque explica que "ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de tramitación de la causa".
Cree que los 'papeles de Bárcenas' no tienen ningún valor contable, y por ello acoge los argumentos expuestos por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que calificaron los documentos de "chapuceros".