Fiscalia
La fiscalía argumenta una falta de concreción en las acusaciones para garantizar el derecho de defensa
La fiscal de Badajoz, Begoña García Boró, ha solicitado la revocación del auto de la juez Beatriz Biedma que imputa al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otras siete personas investigadas en este proceso judicial. Según consta en un escrito fechado el 2 de diciembre, al que ha accedido Europa Press, la fiscalía argumenta que no existe una individualización clara de los hechos con relevancia penal para cada uno de los imputados.
El escrito señala que dicha falta de concreción afecta de manera directa al derecho de defensa. La fiscal subraya que esta omisión debe resolverse antes de proceder a las declaraciones de los investigados, que están programadas para el próximo 9 de enero en el caso de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.
En el documento presentado, la fiscal critica que el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que ordenó las imputaciones, se limita a justificar las declaraciones para garantizar el derecho de defensa. Sin embargo, sostiene que no se detallan los indicios específicos contra cada uno de los investigados ni se especifican los delitos concretos por los que están siendo investigados. El escrito califica como insuficiente la mención genérica a "delitos contra la Administración Pública" realizada en el auto judicial. Según la fiscal, esta falta de precisión no satisface plenamente el derecho de defensa de los acusados.
Ante estas deficiencias, la fiscalía solicita que se revoque el auto impugnado. En su lugar, pide que se detallen los hechos concretos que se imputan a cada uno de los investigados antes de continuar con el procedimiento. La fiscal insiste en que esta medida es necesaria para evitar situaciones de indefensión durante la fase de investigación.
Por el momento, David Sánchez tiene previsto comparecer el próximo 9 de enero como investigado en relación con su contrato como director de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su investigación en posibles delitos como prevaricación, malversación o tráfico de influencias asociados a este nombramiento, que tuvo lugar en 2016.
El proceso judicial se originó tras una denuncia interpuesta por la organización Manos Limpias en mayo. Según esta denuncia, el puesto se creó en un contexto de dudas expresadas incluso por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, quien también está imputado. A pesar de que algunos sindicatos y el director del conservatorio manifestaron que no era un cargo prioritario, el puesto de alta dirección fue finalmente adjudicado a David Sánchez tras superar un proceso de selección en el que, según los registros, su perfil cumplía los requisitos establecidos.
Hasta ahora, la UCO no ha encontrado pruebas de irregularidades patrimoniales en las declaraciones de bienes de David Sánchez. Sin embargo, las investigaciones han llevado a varios registros en la Diputación de Badajoz para recabar información adicional. La fiscalía considera que la imputación requiere una mayor concreción de los hechos y delitos atribuidos antes de proceder con las declaraciones de los implicados.
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