Política
Ocurre después de que el Supremo haya avisado del "vacío legal" que queda al ser eliminado este delito.
La sentencia sobre el procés del Tribunal Supremo es para al líder del PP un nuevo "ridículo jurídico" del Gobierno. Por esta razón hoy el líder de la formación ha ofrecido sus votos con el fin de "reponer el delito de sedición".
"Después del ridículo jurídico que acabamos de conocer a través de una sentencia del Supremo, donde ha quedado acreditado que España ha renunciado a proteger su democracia eliminando el delito de sedición, y después del ridículo jurídico que ha vuelto a hacer el Gobierno intentando beneficiar a los independentistas rebajando las penas de malversación y no consiguiendo su objetivo, vuelvo a reiterar al Gobierno que repongamos las garantías jurídicas del Estado de derecho y tiene nuestros votos a su disposición para reponer la sedición", ha dicho Feijóo.
Al respecto, el político también ha advertido que el Alto Tribunal "ha dicho claramente que España está desprotegida porque ese delito ha dejado de formar parte del Código Penal", y por ello ha pedido al Ejecutivo proteger la democracia, "y si los independentistas no quieren que utilice los votos de los constitucionalistas".
"Un atentado contra la paz"
El órgano judicial ha condenado a Oriol Junqueras por desobediencia y malversación. De esta forma, el líder de ERC mantiene su inhabilitación y no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031. En la sentencia el TS también se ha condenado a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por un delito de desobediencia en concurso con malversación.
El Supremo ha confirmado que lo que sucedió durante el procés fue "algo más que un atentado contra la paz pública, sobre todo, porque esa voluntad era el motor que empujaba el frustrado deseo de lograr la vigencia de unas leyes de transitoriedad que preparaban el camino hacia la independencia".
En este sentido los magistrados han remarcado que la sedición "enriquecía los actos ejecutivos con la voluntad de promover la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales", y han dejado claro que "todo intento de reducir el ámbito de la tipicidad que ofrecía el delito de sedición a un problema de orden público, identificable con movilizaciones o algaradas, desenfoca el problema".